El Banco de la República es una de las instituciones que mayor confianza les da a los colombianos que saben qué es. Entienden que su función es mantener el poder adquisitivo del peso. Por eso hay que mantener al Banco por encima de las coyunturas políticas. La mayoría prefiere tener sus $ 2’000.000 en el bolsillo y le importa un pito algo que llaman unos técnicos rarísimos “estabilidad macroeconómica”. Eso lo sabe tan bien el presidente Petro que cuando su ministro acudió a la junta del Banco, se salió de ella en protesta por el alza de intereses y arrancó el discurso: no es para proteger a los pobres, sino a los millonarios dueños del capital.

LÉELA PRIMERO

Recibe un día antes las columnas de María Isabel Rueda. Adelanto exclusivo para suscriptores.

Pero Petro no dice lo que es bien sabido: la inflación es el impuesto que más castiga a los pobres.

Por eso, salvo el minhacienda, sus otros seis miembros de junta son de dedicación exclusiva, cuidando el valor de nuestra moneda.

Si el ministro es 1 de 6, ¿por qué es tan grave que les haya tirado a los demás la puerta en la cara?

Porque la Constitución del 91 hizo el experimento de incluir al ministro como uno de sus miembros. En otros países, eso es considerado una equivocación. Creen que le quita independencia y capacidad de decisión técnica a la entidad, y hasta la politiza. Pero sería injusto decir que ese experimento ha salido mal en Colombia. Por el contrario. Es útil que los gobiernos puedan expresar a la autoridad monetaria, a través de su ministro, sus inquietudes sobre conceptos políticos y sociales, ya no estrictamente técnicos, acerca de las necesidades económicas del país.

Por eso son absolutamente normales los desacuerdos entre los ministros de Hacienda de turno y la junta del Banco. A los gobiernos muchas veces les duelen las decisiones técnicas independientes que la entidad toma; inevitablemente hay ocasiones (como acaba de suceder) en que hay que subir las tasas de interés a costa de un poco de crecimiento; está más que diagnosticado que la mejor herramienta para controlar el fenómeno inflacionario es manejando las tasas de interés. Cuando hay amenaza, es aconsejable restringir el dinero circulante, motor del consumo y la inversión. Esos desacuerdos han sucedido en todos los gobiernos.

Al ministro hay que oírlo. Pero no está por encima de la junta.

La diferencia con otros gobiernos es que este se puso tan bravo, porque el Banco no cumplió las instrucciones petristas de bajar las tasas, que decidió inventarse la inexistente jurídicamente excepción de “romper relaciones” con el banco central. Es equivalente a que una parte del Estado corte vínculos con otra parte del Estado.

Esa medida preventiva se ha tomado por el temor a que tres elementos presionen hacia arriba la inflación: 1) El conflicto en Oriente Medio. 2) El 80 por ciento de posibilidades de un fenómeno de El Niño en el segundo semestre. Y 3) No nos digamos mentiras: el impacto del aumento del 23 por ciento del mínimo.

Si Petro ordena definitivamente a su ministro que se abstenga de cumplir con su deber de asistir y presidir las sesiones, pues la junta no podrá reunirse, porque alguien tuvo la genial idea de meter en el artículo 10, Ley 31 de 1992, que reglamenta internamente al Banco, esta ñapa: Además de que el ministro sea miembro de junta, como lo ordena la Constitución del 91, ella solo puede sesionar, deliberar y decidir con la asistencia de mínimo 5 de sus miembros, “uno de los cuales deberá ser el ministro de Hacienda...”.

El Banco quedó mal reglamentado, cuando le amarraron su potestad a que un señor escogido como ministro por un gobierno tan corrupto como este condene a la junta de la entidad a la inoperatividad indefinida

Así, mientras la Constitución del 91 quiso crear un órgano absolutamente autónomo y técnico, ajeno a las presiones políticas, el reglamento interno amarró esa independencia a la voluntad del Gobierno, al ponerlo a depender de que al ministro de Hacienda le venga en gana hacer presencia o no en cada sesión de la junta. Habría entonces que cambiar la ley que reglamenta internamente al Banco, en medio de la batalla campal electoral, en la cual el Presidente está jugando tan firmemente.

El Procurador no podría por ahora destituir al ministro por incumplimiento de sus funciones. Este tendría que faltar a dos sesiones más para que se configure la falta disciplinaria.

En resumidas cuentas, el Banco quedó mal reglamentado, cuando le amarraron su potestad a que un señor escogido como ministro por un gobierno tan corrupto como este condene a la junta de la entidad a la inoperatividad indefinida.

Mientras la junta directiva de Ecopetrol va a cita el lunes con Petro, para que él le indique qué hacer en el caso Roa, la junta del Banco de la República anda haciendo tremendos esfuerzos por mantener la independencia que le otorgó la Constitución del 91.

Petro acabó con el gobierno corporativo de Ecopetrol. Ahora quiere arrasar con el Banco de la República a punta de decretazos.

Entonces, el problema no es el ministro de Hacienda sentado en la junta del Banco. El problema es este ministro de Hacienda sentado en esta junta del Banco.

MARÍA ISABEL RUEDA

(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO aquí)

© El Tiempo