¿Cuándo es posible afirmar que una sociedad ha pasado de ser una democracia liberal --por muy imperfecta que sea su aplicación-- a un régimen autoritario? ¿Hay un momento en el que de repente resulta obvio que el cambio se ha producido? ¿Anuncia el autoritarismo su llegada?

¿O se trata de un proceso que se desarrolla gradualmente, en el que las restricciones al poder ejecutivo se desmantelan poco a poco hasta que la marea ya no puede revertirse?

¿Es el giro hacia el autoritarismo algo que solo puede entenderse a posteriori, cuando ya se han perdido todas las oportunidades de detener el deslizamiento?

¿Y cómo admitimos ante nosotros mismos que nos han despojado de nuestras libertades más básicas y preciadas --la de expresión, de reunión y de protesta-- cuando ya no somos libres para hablar, reunirnos o protestar?

La cruda realidad es que el Reino Unido ya se encuentra muy avanzado en este camino. Y si no eres consciente del terremoto que se ha estado produciendo, puede que sea porque --tal y como cabría esperar cuando el autoritarismo llama a la puerta-- las primeras en ser silenciadas son precisamente las voces que dan la voz de alarma.

Los medios de comunicación propiedad de multimillonarios y del Estado --las partes que, en una época de creciente descontento popular, son las que más tienen que ganar con la acumulación de poder ejecutivo y el silenciamiento de la disidencia-- no tienen ningún motivo para arrojar luz sobre la oscuridad que se cierne sobre nosotros.

Un gobierno laborista de nombre, bajo el mandato del saliente Keir Starmer, ha realizado gran parte del trabajo preliminar para dar paso a este nuevo y ominoso clima político.

Fueron precisamente las credenciales de Starmer como abogado especializado en DDHH las que proporcionaron al Estado británico la coartada que necesitaba para lanzar un ataque sin precedentes contra las libertades por las que lucharon generaciones anteriores.

Hay pocos indicios de que sus sucesores --ya sea una nueva figura emblemática del Partido Laborista, partidario del genocidio, o el Partido de la Reforma de Nigel Farage, que ataca a los inmigrantes-- vayan a cambiar de rumbo.

La lógica que impulsa el deslizamiento de Gran Bretaña hacia el autoritarismo no la marcan solo los políticos, sino también una clase dirigente británica que necesita disimular su complicidad en genocidios y guerras ilegales en el extranjero y encontrar chivos expiatorios fáciles --los inmigrantes-- a los que culpar de sus fracasos en el país.

La labor de los principales partidos políticos, que dependen de donantes multimillonarios que también son propietarios de los medios de comunicación corporativos, consiste en reforzar estas narrativas.

El Estado de vigilancia

Fue la ministra del Interior de Starmer, Shabana Mahmood, quien, de forma imprudente, expresó con mayor claridad la idea que tiene el Estado británico de nuestro futuro.

En un discurso pronunciado en enero expuso su proyecto de aprovechar los nuevos avances en inteligencia artificial para crear un Estado de vigilancia tipo «Gran Hermano» todopoderoso y que todo lo ve, tal y como lo predijo George Orwell en su novela distópica 1984.

Mahmood llegó incluso a comparar este futuro con el «panóptico», en referencia a la prisión perfecta del filósofo del siglo XVIII Jeremy Bentham: una torre de vigilancia central (el Estado) rodeada por un círculo de celdas con ventanas desde las que los reclusos (el público) serían visibles en todo momento.

Bentham comprendió que no se trataba solo de control físico. Tal y como observó, la sensación de estar constantemente observado constituiría una «nueva forma de ejercer el poder de la mente sobre la mente». Los reclusos controlarían su propio comportamiento para evitar el castigo.

Según se informa, el sucesor de Starmer, Andy Burnham, está dispuesto a mantener a Mahmood como figura clave en su Gobierno. Pero no se trata de una única ministra del Gobierno.

Mahmood es el síntoma de un malestar más profundo, no su causa. La arquitectura de los nuevos sistemas de control, así como la erosión de las libertades y las tradiciones culturales que las sustentaban, ya estaban muy avanzadas cuando fue nombrada para el Ministerio del Interior.

Quienquiera que ostente las riendas del poder en los próximos meses y años podrá explotar al máximo estos poderes ya existentes y, posteriormente, ampliarlos aún más.

Una vez que el espíritu del autoritarismo se afianza, resulta cada vez más difícil volver a meterlo en la caja. Solo una protesta masiva y concertada puede recordar al Estado dónde reside el poder supremo. Y es precisamente este tipo de protesta la que se está demonizando y criminalizando paso a paso.

Si es posible identificar un momento concreto en el que el nuevo autoritarismo salió de las sombras, fue hace unos quince años. Ese fue el momento en que el Estado lanzó su prolongada campaña contra Julian Assange para difamarlo y encarcelarlo.

El fundador de la plataforma de denuncia de irregularidades WikiLeaks había indignado a EEUU y a su leal aliado británico al publicar detalles de crímenes de guerra en Afganistán e Iraq que ambos querían mantener en secreto.

Probablemente no fue una coincidencia que, en aquel momento, Starmer fuera jefe del Servicio Fiscal de la Corona y realizara repetidos viajes para reunirse con los máximos responsables judiciales de Washington. Contrariamente a los protocolos, sus funcionarios destruyeron las actas de estas conversaciones.

Nunca sabremos qué instrucciones recibió Starmer de EEUU en relación con Assange. Pero una posible pista sobrevivió a la posterior --y altamente irregular-- destrucción, por parte del departamento de Starmer, de la correspondencia relacionada entre los fiscales del Reino Unido y de Suecia de aquella época.

Uno de los pocos correos electrónicos que se conservan resulta revelador. Muestra que Suecia estaba considerando archivar una investigación sobre Assange por falta de pruebas, mientras este se encontraba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, temeroso de lo que le deparaba el futuro.

El equipo de Starmer, que se suponía que debía actuar como árbitro neutral entre Suecia y el equipo legal de Assange, espetó airadamente a los suecos: «¡¡¡No se atrevan a echarse atrás!!!»

En otro correo electrónico, el mismo funcionario de la Fiscalía Pública del Reino Unido (CPS) dijo a sus homólogos suecos: «Por favor, no piensen que este caso se está tratando como una extradición más».

Más tarde, con la connivencia activa del Reino Unido y sus tribunales, EEUU mostró sus verdaderas intenciones. Washington inició el proceso de extradición con el pretexto absurdo de que Assange había cometido «espionaje» al publicar detalles de sus crímenes de guerra.

Assange permaneció encerrado durante años en una prisión de alta seguridad en Londres, a menudo sin poder reunirse con sus abogados, con grave deterioro de su salud, acusado de un delito inventado y descaradamente político.

Se trató de un ataque aterrador y sin precedentes contra el derecho de los periodistas a publicar pruebas de las irregularidades cometidas por el Estado en interés público. Y, sin embargo, los medios de comunicación propiedad de multimillonarios apenas pudieron contener sus bostezos.

La realidad invertida

El abuso sufrido por Assange durante una década y el pisoteo de sus derechos legales supusieron un doble beneficio. En primer lugar, sentó un precedente muy visible en el que se dio la vuelta al Estado de derecho. Los papeles de víctima y agresor se invirtieron.

Assange, que había publicado pruebas irrefutables de crímenes de guerra cometidos por EEUU y el Reino Unido, era quien se encontraba entre rejas. Los funcionarios británicos que aprobaron y ocultaron esos crímenes no solo eludieron la justicia, sino que además tuvieron vía libre para acosar y difamar a Assange.

Este ha sido el tema recurrente desde........

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