Pasadas las elecciones subnacionales, el ruido político sigue un libreto conocido: los ganadores se proclaman intérpretes de la voluntad popular y los derrotados buscan culpables internos o externos. Sin embargo, detrás de esa narrativa superficial se instala una pregunta mucho más incómoda y decisiva: ¿los nuevos gobernadores y alcaldes fueron elegidos para administrar instituciones viables o estructuras al borde del colapso? Más aún, ¿comprenden realmente la magnitud de la crisis económica y operativa que heredan?

Durante la última década, Bolivia vivió una transición silenciosa pero profunda. Lo que alguna vez fue un modelo de expansión sostenida del gasto subnacional, alimentado por la renta del gas, se ha transformado en un sistema tensionado por ingresos decrecientes y obligaciones crecientes. Las transferencias del nivel central, que en su momento parecían inagotables, se estancaron o retrocedieron, mientras las demandas sociales y administrativas no dejaron de aumentar. El resultado es un desequilibrio estructural que ya no puede disimularse.

Para entender este presente, es necesario mirar hacia atrás. Entre 1982 y 1985, el país atravesó una hiperinflación devastadora que obligó a aplicar un ajuste drástico. Décadas después, el ciclo se invirtió: desde 2006, el auge de los ingresos por hidrocarburos permitió expandir el Estado en todos sus niveles. Gobernaciones y alcaldías incrementaron sus planillas, mejoraron salarios y ampliaron su alcance institucional. Pero esa expansión no siempre estuvo acompañada de eficiencia ni de........

© Noticias Fides