El bloqueo –como medida de protesta social– es una violación directa a la libertad individual y a la libertad económica. Y mucho más allá, el bloqueo del acceso a los servicios de salud y al libre tránsito de las ambulancias es un delito de lesa humanidad y una violación de los Derechos Humanos y de la vida. Un bloqueo de carreteras interfiere con la libre circulación y con el uso de la propiedad privada (vehículos) y pública (la propia carretera). Las protestas que coaccionan a otros bloquean el acceso legítimo a recursos y son agresiones a la propiedad física de las personas. Bloquear el paso es una violación de la libertad de asociación y del libre movimiento de los ciudadanos que deben utilizar esas vías para sus propios fines productivos.

Las organizaciones sociales en Bolivia utilizan ciertas tácticas –marchas o bloqueos– como “repertorios de acción colectiva” para hacer visible una demanda o solicitud al Estado.  Esta lógica de disrupción sugiere que cuando los canales institucionales –votos, peticiones formales– fallan, los grupos recurren a la "disrupción estratégica".  En este sentido, el bloqueo de carreteras no busca solo detener el tráfico, sino generar un costo económico y político tan alto que obligue al gobierno a sentarse a negociar y acceder a sus demandas, lo que en ocasiones lleva a plantear demandas tan dictatoriales y manipuladas, como la renuncia de un gobierno democráticamente electo –exigencias que atentan contra el orden democrático–.  Sin embargo, esta “disrupción estratégica” muestra un dilema ético y jurídico fundamental: la colisión de derechos........

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