Economista – Universidad Nacional de Colombia

Magister en Desarrollo Local

Hay momentos en la vida de un país en los que las cifras dejan de ser una conversación de expertos para convertirse en una preocupación de todos. Ocurre cuando el lenguaje técnico de los balances y los déficits se traduce en hechos concretos: en un hospital que no recibe a tiempo los recursos que necesita, en una carretera que vuelve a aplazarse, en un municipio que ve menguadas sus transferencias, en una familia que descubre que endeudarse cuesta cada vez más. Entonces comprendemos que las finanzas públicas no son una abstracción. Son, en realidad, la medida silenciosa de la capacidad del Estado para cumplirles a sus ciudadanos.

Eso es lo que hoy está en juego en Colombia. Y conviene decirlo con claridad: lo que enfrenta el país no es una estrechez pasajera ni una dificultad menor en la caja del Gobierno. Es una crisis fiscal.

Durante varios años, Colombia ha venido recorriendo un camino riesgoso: gastar más de lo que recauda, comprometer más de lo que puede sostener y aplazar las decisiones de fondo que exige la sostenibilidad del Estado. En 2025, el déficit del Gobierno Nacional Central alcanzó el 6,4 % del PIB, una cifra que por sí sola debería encender todas las alarmas. Un desbalance de esa magnitud solo había aparecido antes en escenarios extraordinarios, como la crisis de finales de los años noventa o la emergencia de la pandemia. Pero esta vez no estamos ante una tragedia inesperada. Estamos ante el resultado acumulado de decisiones que fueron ampliando el gasto sin construir, al mismo tiempo, una base sólida de ingresos.

Y quizá ahí reside lo más delicado del momento actual: en que el problema no es coyuntural. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, lo ha advertido sin ambigüedades. Entre 2022 y 2025, el gasto del Gobierno aumentó cerca de tres puntos del PIB, mientras los ingresos permanecieron prácticamente estancados. Dicho de otra manera, el país se acostumbró a un ritmo de gasto que no encuentra respaldo........

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