Desde hace más de dos décadas sigue prevaleciendo la irresponsabilidad de los gobiernos y se imponen intereses políticos estructurados para romper con la propiedad privada: mediana, grande y pequeña, que sistemáticamente viene sufriendo avasallamientos. 

El constituyente ha incluido en la parte dogmática la institución de la propiedad privada, y por tal naturaleza y finalidad el Estado y sus instituciones tienen la inexorable responsabilidad de protegerla con todos los medios legales. Su unidad e integridad de la propiedad privada sea individual o colectiva, no admite que grupos armados violentos tengan la libertad de ejecutar despojos criminales, con resultados que activan en cualquier espacio público del mundo procesos penales en contra de los avasalladores. 

Al presente se estima que más de 326 propiedades han sido víctimas de grupos interculturales afines al MAS de avasallamientos. Las consecuencias causan zozobra y anulan la producción agrícola ganadera con: lesiones a la integridad física al Cacique de San José de Chiquitos, Ricardo Peña; toma de rehenes comunarios y trabajadores; apropiación de maquinarias agrícolas-ganaderas; robo de soya y otros productos; instalación de campamentos en superficies titularizadas con saneamiento y cumplimiento de la función económica-social, y amenazas sistemática a los legítimos propietarios si regresan a intentar retomar las tierras fruto de acciones dolosas. 

No es posible paralizar responsabilidades y menos desresponsabilizar al gobierno actual, porque se conoce que las políticas devastadoras, saqueo y avasallamientos a propiedades saneadas y........

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