Es oportuno evocar aquel emblemático 4 de febrero de 2008, cuando millones de colombianos nos movilizamos en el país y en centenares de ciudades del mundo, entonando con fervor patriótico el grito: “¡No más Farc!”. Fue, en esencia, un exorcismo colectivo frente a décadas de barbarie de aquellos demonios criminales. No se trató de una consigna aislada, sino del clímax de un hartazgo nacional frente a un grupo que nació como resistencia armada campesina, mutó en guerrilla y degeneró en organización narcoterrorista.

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Las Farc nunca han desaparecido; siguen intactas. Se burlaron del proceso del Caguán propuesto por el expresidente Pastrana, desoyeron los llamados del expresidente Uribe para cesar las acciones criminales a cambio de beneficios judiciales. Y, tras los acuerdos de La Habana con el expresidente Santos, solo una fracción de sus cabecillas se acogió al proceso, la mayoría continuó delinquiendo bajo otras etiquetas –‘Disidencias’ y ‘Nueva Marquetalia’–, sin alterar su esencia criminal. Luego el expresidente Duque heredó esa dualidad: un grupo Farc en el Congreso y otro, numeroso, delinquiendo.

Con la llegada de Petro, estas estructuras encontraron un renovado impulso, un tanque de oxígeno. Su fortalecimiento ha sido evidente: expansión territorial, consolidación en el narcotráfico y un crecimiento cercano al 45 % desde 2022, según reportes de inteligencia. Solo entre 2024 y 2025 habrían sumado más de 5.000 nuevos integrantes. La llamada ‘paz total’ ha tenido un efecto devastador, en buena medida por la parálisis operativa y el debilitamiento deliberado de la Fuerza Pública, los ceses del fuego bilaterales y la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas criminales, más de 80 de ellos beneficiados con la figura de “gestores de paz”.

Hoy, cuando el país enfrenta un recrudecimiento de la violencia y el fortalecimiento sin precedentes de estas estructuras, los colombianos tenemos de nuevo la oportunidad de alzar la voz.

Las consecuencias son inocultables. Entre 2023 y 2025, el secuestro aumentó cerca del 75 %, la extorsión superó el 80 % y el reclutamiento de menores creció el 173 %. El desplazamiento masivo lo confirma: en solo dos regiones, más de 100.000 personas en el Cauca y cerca de 65.000 en el Catatumbo, resultado de disputas territoriales bajo la sombra de la ausencia de autoridad estatal.

Una consideración especial merece la inquietante relación del Gobierno con alias Calarcá, quien fue reconocido como interlocutor pese a sus múltiples y graves delitos. Su captura por la Fuerza Pública y posterior liberación, “por órdenes superiores”, dejaron la incautación de dispositivos que comprometen a funcionarios responsables de la inteligencia del Estado. No menos grave es la acusación del propio Petro a sus mandos militares de filtrar información a alias Iván Mordisco, poniendo en entredicho la seguridad de la nación.

En este contexto, emerge un elemento trascendental que no puede soslayarse: la cercanía con las Farc del candidato presidencial Iván Cepeda, o ‘Don Iván’, como lo llaman sus cuadros directivos. Además del homenaje póstumo que sus cabecillas rindieron a su padre, Manuel Cepeda Vargas, dirigente del Partido Comunista (PCC) que dio origen a las Farc, al bautizar uno de sus frentes con su nombre, resultan inocultables las simpatías del hoy aspirante presidencial por esa organización y su amistad con los cabecillas ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’, cuyo retorno a las armas atribuyó a un supuesto “entrampamiento” del Estado.

Hoy, cuando el país enfrenta un recrudecimiento de la violencia y el fortalecimiento sin precedentes de estas estructuras, los colombianos tenemos nuevamente la oportunidad de alzar la voz y decir: “No más Farc”. Pero, esta vez, mediante el voto en las urnas, evitando la elección del candidato que no solo anuncia continuar “la obra” de Petro, sino que guarda un silencio cómplice frente a los desmanes y atrocidades de los grupos narcoterroristas.

@ernestomaciast

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