Las renovables reclamarán al Gobierno compensaciones económicas si prorroga la central nuclear de Almaraz

Empresas con plantas solares en Extremadura y Castilla-La Mancha plantean que se les pague la electricidad desaprovechada si los reactores de la central nuclear siguen funcionando más allá de las fechas de cierre previstas en 2027 y 2028

La central nuclear de Almaraz, en Cáceres. / CNAT

El proceso para retrasar la fecha de cierre de la central nuclear de Almaraz ya está en marcha y la decisión final sobre la prórroga de la vida de la planta será del Gobierno. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta cacereña, presentaron al Gobierno a finales de octubre la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y en 2028.

El calendario de cierre de las nucleares está recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Ejecutivo, y con esa base y esa previsión temporal muchos proyectos de energías renovables han hecho sus estimaciones operativas, financieras y de competencia. Unas estimaciones que quedarían desbaratadas si el Gobierno finalmente aprueba la prórroga de Almaraz. Por eso plantas solares instaladas en Extremadura y algunas partes cercanas de Castilla-La Mancha se plantean reclamar al Ejecutivo compensaciones económicas si finalmente los reactores de Almaraz no echan el cierre en 2027 y 2028, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes del sector renovable al tanto de la situación.

Las plantas renovables de la zona de influencia de Almaraz cuentan con poder colocar en el mercado eléctrico una producción de energía mucho mayor con el cierre escalonado de sus dos reactores. Si esa clausura de la central nuclear no se produce cuando está previsto, las instalaciones renovables seguirán desaprovechando una gran cantidad de electricidad producible (los denominados vertidos en el argot sectorial) durante más tiempo del comprometido en el plan energético del Gobierno.

Por eso, en caso de se apruebe prolongar el funcionamiento de Almaraz hasta 2030, desde el sector renovable se planteará al Ejecutivo la creación de un mecanismo específico para que se compense a las instalaciones fotovoltaicas afectadas por esos vertidos de energía mayores aún de los esperados, y que se les pague por esa electricidad desaprovechada a los precios que marque en cada momento el mercado eléctrico mayorista. Compañías del negocio fotovoltaico se quejan de que han hecho un gran esfuerzo inversor basándose en las previsiones del PNIEC aprobado por el Gobierno y, que reclamarán esa contraprestación si la hoja de ruta cambia de forma sustancial con el retraso del cierre de las nucleares.

Inversiones en riesgo

El debate sobre el cierre de las centrales nucleares en España se ha reavivado. El calendario pactado hace un lustro entre las grandes eléctricas contempla ir cerrando las plantas de manera escalonada entre 2027 y 2035. Pero ahora las eléctricas han pedido ya aplazar la primera de esas clausuras, la de Almaraz, y previsiblemente pedirán prórrogas más adelante para otras de las plantas. Un eventual nuevo escenario con las nucleares funcionando más tiempo del programado supondría un terremoto en la planificación de todo el sector energético para los próximos años. Y desde el sector de las energías verdes ya se venía advirtiendo de que pondría en riesgo inversiones milmillonarias en nuevas renovables diseñadas con un escenario previsto que ahora cambiaría.

El probable retraso de los cierres de las nucleares pondría en un brete muchos de esos proyectos, a los que les saltaría por los aires los números que habían echado para justificar sus planes y para conseguir la financiación de los bancos para impulsarlos. Desde el sector de las energías renovables se alerta de que los miles de proyectos verdes en marcha o en ciernes se han planificado con unas previsiones de horas de funcionamiento de producción y de precios del mercado de la electricidad basadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta aprobada por el Gobierno para esta década y que contempla multiplicar el despliegue de eólica y fotovoltaica y también el cierre de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz en 2027 y en 2028.

El proceso para 'salvar' Almaraz

Iberdrola, Endesa y Naturgy ya han dado el primer gran paso para salvar Almaraz y han pedido al Gobierno retrasar su cierre y prolongar su actividad hasta 2030. El Ministerio para la Transición Ecológica reenvió la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como responsable de analizar las condiciones de seguridad nuclear que debe cumplir la planta para prolongar su funcionamiento. Y las eléctricas han remitido ya al supervisor la información extra que les solicitó para analizar en profundidad su solicitud.

El Consejo de Seguridad Nuclear augura que, si esa información enviada es suficientemente completa, podrá emitir su dictamen en apenas unos meses. La previsión que maneja el CSN es tener listo su informe este mismo verano, en julio o en septiembre a más tardar. Desde el CSN se reconoce que el análisis del supervisor sobre Almaraz en principio será más ágil y más corto que en otras renovaciones de licencia de centrales nucleares, dado que la última revisión periódica de seguridad (RPS) que superó la central cacereña se extiende ya hasta 2030, precisamente hasta cuando las plantas han solicitado ampliar la vida de la planta.

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Un dictamen rápido del CSN mete presión al Gobierno para que también sea rápida su decisión sobre si aprueba o rechaza la ampliación de la licencia de Almaraz hasta junio de 2030. Una vez que el CSN envíe su dictamen al Ministerio para la Transición Ecológica dispone de apenas cinco meses y medio para pronunciarse sobre la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy (seis meses de plazo legal, menos las dos semanas que tardó el Ejecutivo en remitir al CSN la petición de las eléctricas de finales de octubre). Así que el Gobierno, dependiendo de cuándo se pronuncie exactamente el CSN, tendría que aprobar o rechazar la solicitud para ampliar Almaraz entre finales de 2026 y principios de 2027 para cumplir con esos plazos legales.

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