En Bolivia no estamos simplemente ante una crisis judicial. Estamos ante una tragedia institucional y humana. La miseria moral se ha encaramado en demasiados espacios de poder dentro del sistema de justicia penal. Allí donde debería existir prudencia, motivación, legalidad y control constitucional del poder punitivo, muchas veces encontramos automatismo, cálculo, miedo, corrupción y desprecio por la dignidad humana.

La detención preventiva, que constitucionalmente debería ser una medida excepcional, provisional y estrictamente necesaria, se ha convertido en una rutina burocrática. Jueces que deberían analizar riesgos procesales concretos, proporcionalidad, arraigo, conducta procesal y suficiencia argumentativa terminan enviando personas a la cárcel de manera casi mecánica. Como si resolvieran una operación matemática. Como si la libertad fuera un trámite. Como si detrás del expediente no existiera una persona, una familia, un trabajo y una vida entera en riesgo de destrucción.

Pero el problema es todavía más oscuro. En demasiados casos, la detención preventiva parece funcionar como una puerta de entrada a un mercado clandestino de la libertad. Se encarcela primero y se negocia después. La cárcel deja de ser una consecuencia excepcional de una decisión judicial motivada y pasa a convertirse en un instrumento de presión económica.

La pregunta decisiva ya no es si existen elementos suficientes de convicción, peligro de fuga, riesgo de obstaculización o necesidad procesal de la medida. La pregunta brutal, no escrita en ninguna resolución, pero presente en los pasillos del sistema, parece ser otra: ¿cuánto puede pagar esta persona por recuperar su libertad?

Esa es la verdadera obscenidad del sistema penal degradado. Una persona con fuerte sospecha de participación en un delito, incluso con una probable proyección de condena, puede salir si cuenta con los recursos adecuados y los contactos necesarios. En cambio, una persona inocente, pobre o simplemente sin capacidad económica puede pudrirse en la cárcel preventiva como si fuera un objeto abandonado, una bolsa de yute más arrojada al depósito penitenciario del Estado.

Entonces, lo que determina la libertad ya no es la responsabilidad penal, ni la calidad inicial de la prueba, ni la gravedad real del hecho, ni la necesidad cautelar. Lo que determina la libertad es la potencia del bolsillo. Y cuando la libertad........

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