En noviembre lo elegimos, después de que en agosto nos dio la sorpresa de haber pasado por encima de los dos —hasta entonces— punteros. Y en su toma de posesión nos abrió un panorama del que todos esperábamos mucho, después del decenio malgastado.

Tuvo su bancada de primera mayoría, pero no suficiente para gobernar sin concertar ni llegar a acuerdos. El gabinete, de estreno, reunió a sus conocidos con otros de un (supuesto) aliado que no se alió. El primer nubarrón se vio ya desde agosto: el ego de un ególatra desubicado y contestatario, cual “seguro sucesor” (que se fue apagando en el silencio desde su gobierno); pero, en verdad, eso fue más tormenta que crisis.

La primera crisis llegó tras la demorada paliación —no eliminación completa, lo que se entendió por sus razones— de los subsidios a los hidrocarburos. Más que por la medida en sí —y con la (primera) descoordinación en la comunicación del Gobierno—, el problema fue el rápido (primer) recule de decisiones ya tomadas ante demandas de sectores de la sociedad.

A esos primeros dislates siguieron otros: autoridades que desmentían —consciente o festinadamente— a otras autoridades, mostrando fallas de coordinación cuando más se necesitaban; nuevos recules en medidas de fondo (decretos que no pasaban a ser leyes) tras negociar —medidas de fuerza mediante— con sectores, cuando lo lógico y políticamente sensato hubiera sido consensuar lo más posible antes de decretar y evitar papelones; decretos que pudieron ser leyes, fallos que podrían entenderse por inseguridad frente a la Asamblea y su distribución: tres bancadas principales (la gubernamental dividida entre oficialistas, contestatarios y ambivalentes sin ubicación clara) y otras tres minoritarias.

A esto se suma la mantención multinivel de gran parte del aparato gubernamental anterior (con el pretexto —ya oído en 2019-2020— de “¿y acaso con quiénes se sustituiría?”), e incluso algunos nuevos nombramientos con tufo de los viejos tiempos; y, de forma permanente, el reclamo de la sociedad civil de avanzar más.

Es verdad que esperar el resultado de las subnacionales podría, en parte, justificar haber dejado en stand by algunas medidas de fondo. Sumados los avances en la reinserción internacional del país, una renovada actitud en sectores de la justicia (aún de profundidad muy primaria) y los golpes al narcotráfico —verdaderamente mejores que en los últimos 20 años—, se lograba paliar esas críticas. Pero, al mismo tiempo, se demoró la construcción urgente de un nuevo sistema de representación política —partidos, esa mala palabra para el masismo que los fundió—; las nuevas leyes de hidrocarburos y de inversiones; un nuevo sistema económico; el resurgimiento de la meritocracia; la reforma fiscal… y por ahí va la rima.

Y ya pasaron las subnacionales. Entre tanto, cayó Marset (que nunca antes había perdido la protección local) y varios escandaletes estallaron con pérdidas —u “olvidos”— en sus propiedades y bóvedas fuertes; 34 maletas (no se sabe con qué ni para qué) entraron a Bolivia en un vuelo privado —alertadas desde Brasil ante oídos sordos de los responsables— y “se las fumaron”; un proyecto presupuestario que no convence y con un déficit tan amplio que, sin visión ni perspectiva política, pareciera diseñado desde la desesperación; la falta de hidrocarburos —gasolina, pero sobre todo diésel— y, sobre todos estos hechos, más peccata non tam minuta: el peloteo de responsabilidades (“allí fumé”) con los combustibles contaminados, adulterados, corrompidos, mezclados o “terrorizados” —siga usted la rima de epítetos—, especialmente el diésel, que más que un desorden de gestión es el entierro —tan advertido— de YPFB. En realidad: el final de la era de los monopolios estatales y de los grandes elefantes blancos. Requiescat in pace… si potest (si aún puede).

Tras las elecciones, la agrupación (aún no partido) oficialista —con el sonsonete del Presidente— solo ganó gobernaciones (con aliados) en dos de los nueve departamentos: Beni y La Paz; y, entre las principales ciudades, solo obtuvo la alcaldía de Trinidad. (De dobletes gobernador/alcalde, PATRIA lo logró en Beni y LIBRE en Pando). Es la constatación de la necesidad de gobernar ya, no de seguir esperando.

Bolivia está rozando el mismo camino de fracaso de la Transición. No es hora de desgastantes resquemores ni de inútiles expectativas: Paz ganó porque la ciudadanía quería romper el ciclo que venía desde 2002 (incluso desde 1997), y sobre esa base hay que construir una Nueva Bolivia.

En estos días, para mayor vergüenza, el Proyecto Bolivia360 del Harvard Growth Lab y Claure nos ha abofeteado con su estudio “Giro económico para Bolivia”. Su director, Ricardo Hausmann, lo resumió con claridad: la pregunta urgente no es «¿cuál es el déficit?», sino «¿cuál es su fuente de financiamiento?», para luego sentenciar, como colofón del estudio, que «Bolivia está mucho peor de lo que han estado los países que pidieron ayuda al FMI».

Regresando a la apremiante necesidad de salvar Bolivia —lo que no es salvar a un Gobierno ni a un nombre—, retomo una idea planteada hace meses y compartida por muchos analistas: es perentoria la unidad —un acuerdo de urgencias antes de peores angustias—, la conciliación entre las cuatro fuerzas principales de la Asamblea (PDC, LIBRE, UNIDAD e incluyo APB, coincidiendo con Valverde). No una repartija de espacios —como tantas veces ha frustrado al país—, sino un proyecto para salvar la Bolivia de hoy y crear la Nueva Bolivia.

La que todos esperamos.

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