Las reiteradas quejas por la demora en obtener atención especializada pronta y efectiva, la peregrina consulta con el médico general, las colas para reclamar medicamentos y la zozobra por no saber a quién acudir por la cantidad de barreras impuestas por el sistema, entre otra causas, fueron minando la confianza en estas entidades.

Hago parte de la generación que se estrenó, en el ámbito laboral, con la Ley 100. Pasé de estar afiliado al Instituto del Seguro Social (ISS), apenas un par de años, a una Entidad Promotora de Salud o EPS, con la ilusión de recibir una mejor atención que en el moribundo ISS de ese entonces, en caso de tener que acudir al novedoso sistema, el cual despertó enormes expectativas, hace más de tres décadas, por su pretencioso alcance.

Los colombianos tuvimos que familiarizarnos con una nueva terminología, como cuota moderadora, plan obligatorio de salud (POS), regímenes contributivo o subsidiado, medicación no POS, beneficiarios, planes de prevención y un etcétera más, que incluía la hoy controvertida unidad de pago por capitación (UPC), poco comprensible para los ciudadanos de a pie quienes apenas entendíamos que un porcentaje de nuestro salario, más otro por parte del empleador, servirían como aportes para cubrir desde la atención de una simple gripa hasta las complicaciones por una grave enfermedad.

Aparecieron entonces nuevas empresas que empezaron a competir entre sí para hacerse a la jugosa bolsa de afiliados al nuevo plan, y a plantear al mismo tiempo un intrincado proceso -medio kafkiano, hay que decirlo- que ponía a prueba la paciencia de cualquier prójimo que sucumbía, muchas veces, entre el laberinto de citas, autorizaciones, papeles, firmas, sellos y demás que pretendían, se supone, establecer controles a los recursos administrados por las EPS.

Las reiteradas quejas por la demora en obtener atención especializada pronta y efectiva, la peregrina consulta con el médico general, las colas para reclamar medicamentos y la zozobra por no saber a quién acudir por la cantidad de barreras impuestas por el sistema, entre otra causas, fueron minando la confianza en estas entidades. A ello se le sumó el amplio prontuario de escandalosos casos en los cuales los recursos destinados a la salud terminaron en los bolsillos de delincuentes de cuello blanco, políticos inescrupulosos y hasta grupos irregulares.

Transparencia por Colombia, en un informe a propósito de la hundida propuesta de reforma a la salud, el año anterior, advirtió que el riesgo de corrupción obedece “a la gran cantidad de recursos involucrados, la asimetría de la información, la diversidad de actores, la complejidad y fragmentación del sistema, y a la naturaleza globalizada de la cadena de suministro de medicamentos y dispositivos médicos”.

El sistema viene arrastrando una grave situación financiera de tiempo atrás. Como yo, somos millones de personas que presenciamos, con mucho temor, que la salida a la evidente crisis de la salud termine, por la soberbia de los extremos, en un mero ‘botín de guerra’ y no en esa solución que permita corregir su rumbo. Aquí no puede haber vencedores y vencidos.

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