El sector minero en este país es tan antiguo como la extracción de plata que financió al imperio español. Sin embargo, a diferencia de esa historia ampliamente conocida, hoy existe menos difusión sobre cómo la minería moderna se entrelaza con los retos ambientales. Esa falta de discusión pública ha impedido dimensionar que la relación entre minería y medio ambiente ha dejado de ser un debate técnico para convertirse en un tema central de política económica. Lo que antes se discutía en términos de permisos, impacto ambiental o uso del suelo, hoy se traduce directamente en decisiones de inversión, competitividad y crecimiento regional. En otras palabras, la economía ambiental ya está redefiniendo el futuro del sector minero, todo esto por que en los recientes días el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley para defender a un empresa estadounidense (Vulcan Materials Company) de la clausura que vivió en el sexenio pasado.

México enfrenta un momento particularmente relevante. El país posee una de las plataformas mineras más importantes del mundo: es líder en producción de plata, relevante en cobre, oro, zinc y otros minerales estratégicos. Al mismo tiempo, la presión por proteger ecosistemas, agua y territorio ha aumentado, impulsando una revisión más estricta de proyectos extractivos.

Ambos objetivos son legítimos. La minería genera empleo, exportaciones y desarrollo regional, pero también implica costos ambientales de recursos finitos que deben ser gestionados adecuadamente. El desafío no es elegir entre uno u otro, sino construir reglas que permitan compatibilizar inversión con sostenibilidad.

La economía ambiental parte de una premisa sencilla: los recursos naturales tienen valor económico, incluso cuando no se explotan. Un ecosistema protegido, un acuífero conservado o un territorio con biodiversidad también generan beneficios económicos, aunque no........

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