En Francia vuelven a arder las calles. Esta vez la chispa ha prendido en los institutos. Lo que comenzó hace apenas unas semanas en algunos centros de las periferias de París se ha extendido por buena parte del país y amenaza con desbordar los muros de las escuelas. Profesores, familias y sectores sindicales se han ido sumando a unas protestas que han colocado en el centro del debate político el deterioro de la educación pública y, más allá de ella, el malestar acumulado después de casi una década de neoliberalismo macronista.

La dimensión represiva da una medida del conflicto. A comienzos de esta semana se contabilizaban ya más de 6.000 detenciones, en su mayoría de menores, cientos de institutos afectados y numerosos heridos. La pérdida de una mano de un estudiante de 15 años, obligó incluso al Gobierno a suspender temporalmente el uso de determinadas granadas policiales. Mientras tanto, las protestas continúan y este jueves seguían cerrados total o parcialmente cientos de centros educativos. El sociólogo Christian Laval habla directamente de una "guerra contra la juventud", advirtiendo de que no se trata de excesos policiales aislados, sino de una decisión política que, más que sofocar la protesta, está consiguiendo precisamente lo contrario.

Porque esta revuelta no surgió contra una ley concreta ni contra una única reforma educativa, sino como fruto de décadas de políticas neoliberales. Quizá por eso una de las consignas que mejor sintetiza las protestas sea tan sencilla: dinero para los institutos, no para la guerra. Porque mientras faltan profesores y se deterioran los servicios públicos, el último presupuesto de la era Macron vuelve a blindar el gasto militar. El Gobierno de Sébastien Lecornu pretende reducir el déficit mediante recortes, congelaciones de gasto y ajustes en pensiones, sanidad y prestaciones, mientras el presupuesto militar permanece entre las grandes excepciones a la tijera presupuestaria.

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