Treinta y cinco horas y la productividad que no cotiza

Existe una regla más vieja que la propia función pública: todo privilegio nace como excepción y se entierra como derecho adquirido

El BOE del 15 de abril publicó, con la modestia de una "resolución sobre jornada y horarios", una medida de bastante más calado del que su título promete. Es ley no escrita que las decisiones retributivas más generosas viajan siempre en el vehículo administrativo más discreto, y esta no es excepción: la jornada general del personal de la Administración General del Estado baja de 37,5 a 35 horas semanales —1.533 horas al año— sin tocar el salario. Conviene traducirlo del administrativo al castellano económico. Reducir las horas dejando intacta la nómina es, sencillamente, subir el salario por hora. En torno a un 7 %, que es lo que cobra de más quien sigue cobrando lo mismo por trabajar menos.

En una empresa privada una subida así hay que ganarla. La financia el aumento de la productividad, y es el mercado —los clientes, que pueden decir que no— quien certifica que esa productividad existe; si la empresa se equivoca, lo paga ella. Ante el Estado, el ciudadano no dispone de ese "no": solo se le reconoce el derecho a pagar. Por eso la........

© Libertad Digital