La vivienda protegida (VPO) nació para garantizar un mínimo de justicia social e impedir que el mercado expulsara a los más débiles. El precio de las viviendas de protección oficial no se fija libremente, sino que está limitado por la normativa autonómica, lo que garantiza que las VPO se mantengan accesibles para familias con ingresos medios o bajos.

Cuando una promoción entera de vivienda protegida acaba beneficiando a cargos municipales, técnicos del propio ayuntamiento y familiares de altos responsables políticos no estamos ante un error: es un regalo que todos pagamos disfrazado de política social, especialmente obsceno porque el mismo partido que predica el mercado libre y el esfuerzo individual suspende esas reglas........

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