Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia con la descentralización como principal bandera y ha hecho cosas simbólicas, como despachar desde la sede alterna de Barranquilla, donde vive su familia. La primera oportunidad real que el gobierno tiene para probar su deseo de descentralizar es la ley de competencias que permite que se pase más plata a las regiones.

El 7 de septiembre, después de la Cumbre de Gobernadores en Mompox, su ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que ya estaban trabajando en el tema: «Queremos desarrollar la agenda de descentralización más ambiciosa desde la Constitución de 1991», dijo. Anunció una nueva ley de competencias y un proyecto de experimentación territorial. Y archivó el que había radicado el gobierno Petro en diciembre.

Esa ley de competencias es el examen. Sin ella no entra en vigencia la reforma constitucional que sube del 24% al 39,5% la plata del Sistema General de Participaciones (SGP) que la Nación les gira a municipios y departamentos, y que es la mayor reforma descentralizadora en tres décadas. El plazo para aprobar la ley de competencias vence a finales de 2026, en pocos meses. 

Los municipios y departamentos hoy en día solo tienen tres obligaciones, o competencias, que el Estado les pasa y que pagan con el 24% del SGP: salud, educación y saneamiento básico; lo demás es obligación del gobierno central. Para que el giro de más plata no rompa la caja del gobierno central, la ley de competencias tiene que pasarles a las regiones otras obligaciones. 

Para entender cómo puede ser esta ley, La Silla revisó en qué se gastaron su plata los 1.030 municipios y las 32 gobernaciones del país, y de dónde salió cada peso.

La respuesta es dolorosa para el gobierno central. Las competencias que son fáciles de transferir también son las más rentables políticamente: vías y subsidios a la pobreza. Lo que significa que una ley de competencias que sea fiscalmente responsable le quitará al gobierno central la principal fuente de “mermelada” para lograr gobernabilidad en el Congreso. 

Puede ganar el favor de los alcaldes  sin pagar el precio fiscal

La ley de competencias es un requisito de la verdadera descentralización, la reforma del Sistema General de Participaciones que aprobó el gobierno pasado. La empujó el Ministerio del Interior de Juan Fernando Cristo con los gobernadores movilizados, contra la oposición de los técnicos de Hacienda. Pasó de........

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