La ley que propone el Gobierno de la Ciudad de México para controlar las rentas es esto: una intervención sobre cuánto pueden aumentar los alquileres, incluso, cuando cambia el inquilino. Su nombre es Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles.

No congela las rentas en una cantidad fija: plantea que los incrementos no superen la inflación. La pregunta es: ¿qué pasará con la oferta si los propietarios consideran que rentar implica más riesgos que beneficios?

Políticamente, el mensaje es atractivo. A quienes están enojados porque ya no pueden pagar una vivienda en la Roma o la Condesa se les ofrece contener los aumentos. Pero una ley no construye departamentos. Si se desincentiva la inversión, el resultado puede ser contrario al prometido: menos opciones para quienes necesitan rentar.

¿Por qué el gobierno no concentra esfuerzos en mejorar otras colonias? Agua, transporte, seguridad, iluminación y servicios permitirían que más personas encontraran vivienda bien ubicada sin competir por los mismos espacios. También hay que construir y facilitar la inversión donde existe infraestructura, con reglas claras.

México ya tiene antecedentes de rentas congeladas. En 1942, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron medidas para proteger a los inquilinos. Lo que se presentó como una respuesta temporal se prolongó durante décadas. Los decretos posteriores mantuvieron la protección para determinados alquileres y permitieron que miles de familias permanecieran en sus viviendas.

Pero el paso del tiempo dejó una contradicción. Los alquileres permanecían prácticamente inmóviles mientras reparar una azotea, sustituir........

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