La elección de Keiko Fujimori Higuchi —la primera mujer en llegar a la presidencia por voto popular— coincide con una coyuntura difícil: un fenómeno El Niño inminente, una ola de inseguridad urbana y un deterioro fiscal que limita el margen de acción del nuevo gobierno. En este escenario, la informalidad laboral —alimentada por sistemas previsionales y de salud inviables y por sobrecostos que reducen la competitividad empresarial— se convierte en la barrera silenciosa que impide que el país aproveche sus oportunidades.

La clave es cómo romper esa barrera. La respuesta proviene de un terreno poco asociado a la informalidad: la devaluación fiscal, concepto desarrollado por Farhi, Gopinath e Itskhoki en un influyente estudio del NBER. Su propuesta permite mejorar la competitividad sin modificar el tipo de cambio nominal, ajustando la estructura tributaria en lugar del precio de la moneda.

Esta teoría, aplicada con éxito en Europa, abre la puerta a una reforma audaz para el Perú: eliminar las contribuciones a pensiones y salud y reemplazarlas por un impuesto de estructura similar al IGV —sin excepciones ni devoluciones— que financie un sistema universal de protección social. Lejos de ser una utopía, es una estrategia capaz de reducir la informalidad, elevar la productividad y modernizar el mercado laboral.

La aprobación de la Ley N.º 32123 que reforma al actual sistema de pensiones, ha sido presentada como un avance histórico hacia la universalización de las pensiones y la integración de los regímenes públicos y privados. La norma busca articular un sistema multipilar que combine pilares no contributivos, semicontributivos, contributivos y voluntarios, incorporando a independientes y estableciendo una pensión mínima garantizada por el Estado. Conceptualmente, es una arquitectura ambiciosa y alineada con recomendaciones internacionales.

Sin embargo, la reforma llega a un país donde la informalidad supera el 60 % de la población económicamente activa (ver Gráfico 1), uno de los niveles más altos del mundo. La afiliación universal desde los 18 años, aunque loable, corre el riesgo de convertirse en un registro nominal sin aportes reales. La experiencia peruana con los independientes —desde los recibos por honorarios hasta los intentos de obligatoriedad— demuestra que el Estado carece de mecanismos efectivos para recaudar en un universo laboral atomizado. La ley no resuelve ese problema: sin aportes, la sostenibilidad del sistema multipilar queda comprometida desde su origen.

A ello se suma la carga fiscal de la pensión mínima garantizada. En un contexto de bajo crecimiento potencial y déficit creciente, el Estado podría enfrentar un pasivo difícil de financiar. La reforma obliga al fisco a cubrir las brechas generadas por la informalidad, pero no corrige las causas de esa informalidad.

El problema central permanece intacto: los sobrecostos laborales. Las contribuciones a pensiones y salud, que pueden superar el 23 % del salario, constituyen la cuña que separa la formalidad de la informalidad. Para empresas pequeñas, ese costo es prohibitivo; para trabajadores de baja productividad, la reducción del salario neto es un golpe directo a su subsistencia. La reforma mantiene esa cuña y, al exigir aportes obligatorios a independientes, incluso la refuerza.

A estas dificultades se suman desafíos institucionales y políticos. La ONP deberá operar una plataforma compleja; la SBS supervisará nuevos actores y productos; y el sistema deberá funcionar en un entorno donde los retiros masivos de fondos AFP han debilitado la confianza en el ahorro previsional.

En conjunto, estas dificultades explican por qué la reforma previsional aún no ha sido reglamentada. La ley es ambiciosa, pero su implementación requiere una transformación estructural del mercado laboral y del esquema de financiamiento de la protección social. Sin esa transformación, la reforma corre el riesgo de convertirse en un sistema multipilar incompleto, fiscalmente insostenible y operativamente inviable.

El sistema de salud pública peruano atraviesa una crisis más profunda que la del sistema previsional. La salud se organiza hoy como un entramado fragmentado, desfinanciado y desigual, producto de décadas de reformas parciales que añadieron parches sin construir un modelo unificado de financiamiento y provisión. La coexistencia de EsSalud, SIS, seguros privados y regímenes especiales ha generado instituciones........

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