Tribuna Las derechas desempolvan la motosierra y preparan el recorte de las pensiones y los servicios públicos

Portavoz de Economía y Hacienda del GP Sumar

Lo que acaba de decir José María Figaredo, portavoz económico de Vox, es muy serio. Y muy peligroso. No tanto por la solvencia de sus argumentos —a este presunto economista, orador mejorable y señorito ejemplar no le preocupa hacer bien las cuentas— sino porque sus ideas pueden convertirse en políticas de gobierno después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Y, sobre todo, porque el Partido Popular ya ha demostrado que, cuando tiene ocasión, no le tiembla la mano para sacar la motosierra contra las pensiones y los servicios públicos. Lo hizo durante los gobiernos de Mariano Rajoy, con los recortes en sanidad, educación y dependencia y con una reforma de las pensiones aprobada en 2013 que rompió su vinculación con el coste de la vida.

Su planteamiento era que la jubilación de la generación del baby boom debía financiarse fundamentalmente con las cotizaciones del momento, renunciando en la práctica a utilizar los recursos generales del Estado para garantizar su poder adquisitivo. El resultado fue un mecanismo que, mientras persistiera el desequilibrio financiero del sistema, condenaba las pensiones a subir apenas un 0,25% anual, con independencia de cuánto aumentasen los precios. Si aquel mecanismo hubiera seguido aplicándose desde 2022, las pensiones serían hoy aproximadamente un 17% inferiores a las que actualmente se cobran. Esa es la diferencia acumulada entre las revalorizaciones aprobadas durante estos cinco años y las que habrían resultado de aplicar el mínimo del 0,25% anual.

Afortunadamente, el Gobierno de coalición derogó aquella reforma en 2021 y recuperó por ley el derecho de los pensionistas a mantener su poder adquisitivo. Y lo ha cumplido incluso en las circunstancias más difíciles. En 2023, cuando la inflación se había disparado tras la invasión rusa de Ucrania, las pensiones aumentaron un 8,5%. Defender el poder de compra de las personas mayores ha dejado así de ser una promesa electoral para convertirse en una obligación legal del Estado.

La propuesta de Figaredo supone romper uno de los acuerdos sociales más importantes de nuestra democracia: que las pensiones públicas son un derecho colectivo, sostenido mediante la solidaridad entre generaciones y entre personas con distinta capacidad económica

Conviene tener muy presente la fortaleza de esta respuesta del Gobierno de coalición, cuando Figaredo afirma que el sistema es un «zombi» y que está quebrado. Su injustificada reforma consiste en sustituir parcialmente el sistema de reparto por otro de capitalización individual. Es decir, retirar una parte de las cotizaciones de la caja común para depositarlas en cuentas individuales cuyos rendimientos dependerán de su inversión en los mercados financieros. La propuesta de Figaredo supone romper uno de los acuerdos sociales más importantes de nuestra democracia: que las pensiones públicas son un derecho colectivo, sostenido mediante la solidaridad entre generaciones y entre personas con distinta capacidad económica. El sistema de reparto ha sido una de las grandes conquistas civilizatorias del siglo XX.Contribuyó decisivamente a reducir la pobreza en la vejez, que hasta bien entrado el siglo pasado constituía uno de los grandes problemas sociales, y sigue siendo uno de los principales instrumentos de redistribución de la renta.

Gracias a él, la protección durante la jubilación no depende exclusivamente de cuánto haya podido ahorrar cada individuo a lo largo de su vida, sino de un compromiso colectivo que protege también a quienes han sufrido salarios bajos, desempleo, enfermedades o interrupciones laborales por responsabilidades familiares. Sustituir una parte de ese derecho por cuentas de........

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