No sabemos cuánto va a durar esta guerra, pero sí sabemos quién va a pagar sus consecuencias. Y no serán quienes la provocan. Serán los ciudadanos. Lo ha dicho Pedro Sánchez con claridad: el conflicto puede derivar en una crisis grave, y España no está al margen. El mundo vuelve a llenarse de incertidumbre, y la economía, como siempre, tiembla antes que la política.

Los mercados reaccionan, los precios suben y los hogares sienten cada movimiento internacional en sus bolsillos. Ante esta situación, hay dos formas de actuar: mirar hacia otro lado o proteger a la gente. El Gobierno ha elegido la segunda opción, priorizando la seguridad económica y social de los españoles mientras las bombas caen lejos, en un conflicto que no hemos provocado. Decir no a la guerra y sí a proteger a la ciudadanía es el principio que guía cada medida.

La guerra es siempre un fracaso. Una guerra ilegal, además, es también una vergüenza. Sánchez lo ha dicho sin rodeos: hay que exigir el cese inmediato del conflicto. No es solo una cuestión diplomática, es una cuestión moral. Cada día que pasa, hay más víctimas inocentes y más tensión en la economía global.

Pero junto a esa condena, hay otra realidad que no se puede ignorar. Esta guerra no solo costará vidas, también costará dinero. Mucho dinero. En concreto, 5.000 millones de euros que saldrán del esfuerzo colectivo de los españoles. Dinero que podría ir a becas, a sanidad, a dependencia o a servicios sociales, pero que ahora se destina a amortiguar un golpe que viene de fuera, un golpe que amenaza a familias, empresas y sectores estratégicos de la economía española.

Esa es la diferencia entre hacer política o hacer ruido. Mientras algunos........

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