La fecha de las próximas elecciones generales se ha convertido en una de las grandes incógnitas de la política española. Pedro Sánchez sostiene que su propósito es completar la legislatura y descarta, salvo que concurran circunstancias que justifiquen un “adelanto técnico”, una convocatoria precipitada. Pero entre la voluntad política y el calendario constitucional existe una zona de maniobra suficientemente amplia como para alimentar todas las quinielas.

La incógnita, por tanto, no es únicamente cuándo puede convocar el presidente, sino cuándo le resultaría políticamente más rentable hacerlo. Y ahí entran en juego varios factores: las elecciones municipales y autonómicas, el ciclo electoral europeo e internacional, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y hasta la conveniencia de evitar determinados periodos vacacionales.

El límite que marca la ley

El calendario constitucional ofrece una frontera nítida. La XV legislatura nació de las elecciones celebradas el 23 de julio de 2023. El artículo 68.4 de la Constitución establece que el mandato del Congreso se prolonga durante cuatro años, mientras que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) determina los plazos necesarios para articular una convocatoria ordinaria.

Si el Ejecutivo decidiera llevar la legislatura hasta su máxima extensión sin una disolución anticipada, el procedimiento conduciría a unas elecciones el 22 de agosto de 2027, domingo. El itinerario jurídico obliga a conjugar el final del mandato con el plazo de convocatoria y los 54 días que deben transcurrir hasta la jornada electoral.

Es, en términos estrictamente legales, el último escenario posible. No significa, sin embargo, que sea el más probable. Una campaña electoral en pleno agosto tendría costes........

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