La guerra de Irán volverá a irrumpir esta semana en la política española, pero lo hará lejos del frente militar y directamente sobre el bolsillo de los ciudadanos. El Congreso de los Diputados deberá decidir este jueves 23 de julio si mantiene en pie el segundo paquete aprobado por el Gobierno para contener el impacto del conflicto sobre los carburantes, la electricidad, el transporte y el sector primario.

La votación extraordinaria someterá al Ejecutivo a una nueva prueba parlamentaria con 1.825 millones de euros en ayudas y alivios fiscales en juego durante 2026. El decreto ya está vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero necesita el respaldo de la Cámara antes de que se cumpla el plazo constitucional de 30 días. Si el Congreso rechaza su convalidación, las medidas decaerán.

No será, por tanto, un pleno de trámite. Bajo una norma aparentemente técnica se concentra buena parte de la respuesta económica diseñada para impedir que la escalada en Oriente Medio termine trasladándose de manera definitiva a los surtidores, las facturas energéticas y los costes de producción. También contiene una de las reformas fiscales reclamadas durante años por la industria: la desaparición progresiva del impuesto que grava la generación de electricidad.

El Gobierno aprobó en marzo un primer escudo después de que el bloqueo del estrecho de Ormuz tensionara los mercados internacionales. Por esta ruta circula alrededor del 20% del petróleo y el gas mundial, y el inicio de la guerra llevó al barril de Brent a superar los 119 dólares y provocó un repunte superior al 40% del precio europeo de referencia del gas en una sola jornada.

Varias medidas de aquel paquete estaban limitadas hasta el 30 de junio. La prolongación del conflicto obligó al Consejo de Ministros a aprobar un segundo decreto para retirar algunas ayudas de manera gradual, prolongar otras y establecer mecanismos automáticos que........

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