Nadie en Providencia es beneficiario de internet: es cliente, y si el servicio falla reclama, cambia de compañía, exige. El campesino, en cambio, agradece, porque el beneficiario que reclama es un desagradecido. Ahí está la trampa: el lenguaje de la caridad desactiva el lenguaje del derecho.

Un día llegó un vecino con un rumor que generó expectación: va a llegar internet al campo. A los pocos días vimos a una empresa instalando postes, a una velocidad que en el campo no se ve nunca. En una jornada tenían postado todo nuestro camino, desde nuestra entrada hasta Vilcún. Dos días después vino otra empresa a tender un cable negro sobre esos postes. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba, pero la conclusión era evidente para todos: llegó el internet, ahora los cabros van a poder estudiar desde la casa. Han pasado los años. El cable sigue ahí, inerte, y ni un solo mega ha aterrizado en un hogar campesino.

Conviene revisar, entonces, cómo se nos vendió el asunto. Cuando se presentaron las ofertas para construir el tendido de la Macrozona Sur, las autoridades de Telecomunicaciones justificaron la inversión apelando exactamente a los estudiantes campesinos: el FON, dijeron, es “fundamental para brindar acceso a quienes viven en zonas rurales, permitiéndoles acceder a servicios esenciales y a los niños a plataformas educativas”.

Al terminar las obras, el CEO de WOM remató la faena asegurando que las zonas históricamente postergadas podrían por fin acceder a telemedicina, educación a distancia y e-commerce. Todo esto para un proyecto que, por contrato, solo obligaba a conectar capitales comunales.

Ahí está la farsa completa. Se usó la imagen del niño rural desconectado, se invocó a la abuela que necesita telemedicina, se enarboló la bandera de la igualdad de oportunidades y con ese dolor prestado se aprobaron presupuestos por más de $86.000 millones de pesos para construir una carretera de alta velocidad que fortalece el negocio de las telecomunicaciones en las ciudades. Al campesino le quedó el paisaje y un cable negro colgado de un poste para mirarlo desde la ventana.

La pregunta es simple: ¿Cómo accede a la telemedicina un habitante rural que tiene la fibra a 20 metros de su techo y ninguna forma de bajarla a su casa?

Y no es un episodio aislado: es un método. A fines de 2023, el Consejo Regional de La Araucanía aprobó por unanimidad $14.500 millones de pesos del FNDR para el programa “Última milla”, destinado a llevar señal a 65 localidades rurales. El mecanismo merece atención, porque explica el resultado: el Gobierno Regional no compra conexiones para las familias, sino que le transfiere la plata a Subtel para que licite, y son las empresas —Entel,........

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