No es aceptable que la crisis de financiamiento del sistema termine pagándose con la salud de las y los trabajadores. Si se habla de equidad, que sea para avanzar en protección social y derechos laborales, no para retroceder.

La salud no es un privilegio, es un derecho. Sin embargo, el proyecto de ley que modifica el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) parece olvidar este principio para abrazar una lógica puramente economicista. Bajo la bandera de una supuesta “equidad” entre el sector público y el privado, se impulsa un ajuste fiscal disfrazado de justicia social.

Lejos de “nivelar hacia arriba”, mejorando las condiciones en el sector privado, la iniciativa instala una regresividad que vulnera derechos laborales ya........

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