Con el himno nacional y aplausos entre sus integrantes, la Comisión Experta culminó la primera fase de su trabajo, logrando cumplir con su objetivo y terminar la votación del anteproyecto de nueva Constitución con amplias mayorías. A partir del miércoles, el Consejo Constitucional electo tomará el bastón y comenzará su labor de redacción en base a lo aprobado por los expertos, quienes tendrán derecho a asistir y aportar con su voz durante las discusiones.

Cabe destacar el trabajo —realizado no sin dificultades— de los 24 expertos designados por el Congreso. A pesar de las diferencias y de las aprensiones iniciales de algunos sectores, demostraron conocimiento, mesura y una alta capacidad de lograr acuerdos. Sin duda, existe importante espacio para corregir y mejorar su propuesta, pero tanto el documento elaborado como el proceso llevado adelante respetan no solo la bases institucionales establecidas en el “Acuerdo por Chile”, sino que tributan a los valores del diálogo democrático que debe expresar una Constitución.

El trabajo fue profundo y en tan solo tres meses se lograron acuerdos relevantes. En 14 capítulos, 215 artículos permanentes y 47 transitorios se abordan derechos, libertades, garantías y deberes constitucionales, mecanismos de representación y participación popular, atribuciones de los poderes del Estado y órganos de control, bases de la administración regional y local, además de un capítulo dedicado a medio ambiente y desarrollo, entre otros. Lograr estos acuerdos supuso dejar fuera del texto materias que resultaron controvertidas, como la libre elección en salud, la protección de la vida del que está por nacer o el reconocimiento de derechos reproductivos.

Todas estas temáticas requerirán un análisis detenido de los consejeros, así como las definiciones adoptadas en materias como gobierno judicial o sistema político, entre otras. Por lo mismo, el buen trabajo de los expertos no puede ser utilizado como pretexto para alterar el cronograma ya establecido y aprobado por el Congreso. No es aceptable, evidentemente, la propuesta de algunos parlamentarios del Partido Socialista para acortar el período de discusión de los consejeros a solo dos meses y añadir, además, una tercera opción en el plebiscito de salida para aprobar directamente el documento de la Comisión Experta. Esta propuesta parece más bien una maniobra política destinada a socavar anticipadamente el trabajo del Consejo, dada su composición desfavorable para el oficialismo. Además, evidencia un comportamiento oportunista de quienes hasta hace unos meses denostaban la idea misma de una Comisión Experta, cuestionando su representatividad y denunciando una suerte de tutelaje sobre la democracia. Este repentino cambio devela cuánto había de convicción y cuánto de cálculo en sus palabras de entonces.

El camino a la nueva Constitución exige respeto por el proceso democrático y los acuerdos existentes. El tono ya ha sido establecido por los expertos y es ahora el momento de los consejeros, a quienes la ciudadanía eligió.