De lo que se ha podido conocer, el proyecto tiene aciertos que vale la pena defender. Le da por fin base legal a la lista de organizaciones terroristas que existe desde 2020 y que hoy funciona sin ley. Persigue el dinero, que es donde se gana esta guerra: congelamiento de fondos en 24 horas, trazabilidad del oro y licencia obligatoria para quienes operan con criptoactivos. Autoriza a la Fuerza Pública a neutralizar drones hostiles. Trata a los niños reclutados como víctimas y no como enemigos. Y permite que el Consejo de Estado revise a fondo cada inclusión en el Registro, hasta con acceso a la información reservada. Eso es más garantista que el modelo de Estados Unidos. Pero quiero que sobreviva en la Corte Constitucional y sugiero siete ajustes.

Primero, precisar la definición de terrorismo adoptando el estándar de la ONU, que exige actos que causen o busquen........

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