Si vemos las cifras del Segundo Informe de Gobierno, el panorama laboral y económico de México parecería prometedor. Dos datos destacan: una tasa de desempleo de 2.7% (60 millones de personas ocupadas, contra sólo 1.6 millones sin trabajo) y un salario mínimo de $315.04 pesos diarios. Sin embargo, esos números esconden problemas estructurales que se agravarán con el tiempo: mayor precariedad social y menor capacidad fiscal del gobierno para reaccionar.

Primero, el dato de ocupación es engañoso. Como revela el informe 2026 de “México, ¿cómo vamos?”, con datos del INEGI, el 55.1% de las personas ocupadas trabaja en la informalidad: alrededor de 33 millones. En el segundo trimestre de 2026, sólo el 8.2% de los nuevos puestos de trabajo fueron formales. A nivel local, Oaxaca alcanza el 79.9% de informalidad, seguido de Guerrero y Chiapas (76.4%). Coahuila tiene el mejor desempeño (34.2%), pero como país estamos lejos de economías como Chile (26.4%).

¿Por qué importa la formalidad? Mientras un empleo informal promedio genera 8 mil 363 pesos mensuales, el ingreso promedio de uno formal casi lo duplica, con 15 mil 136. Así, mientras sólo el 0.6% de los trabajadores formales está en pobreza laboral (su ingreso no alcanza para adquirir la canasta alimentaria), entre los informales la proporción se eleva a 18.8 por ciento. Además, los informales no tienen acceso a crédito hipotecario institucional, como el del Infonavit, ni a financiamiento en condiciones competitivas. Si necesitan pedir prestado -sea para comprar un electrodoméstico o enfrentar una emergencia médica-, sus opciones se reducen a familiares y amigos, o a créditos con tasas de interés abusivas.

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