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Por Luis Fernando Álvarez Jaramillo - lfalvarezj@gmail.com

La Justicia es el último y principal soporte de la democracia en el Estado Social de Derecho. Es posible que por circunstancias personales de quienes dirigen o participan en los órganos de gobierno y en el legislativo, o por defectos sistémicos en la organización del poder, se presenten defectos o excesos en el ejercicio de las competencias que corresponden a los distintos órganos que hacen parte de la administración y la legislación, pero para la ciudadanía en general, el clásico sistema de pesos y contrapesos, necesarios para la defensa institucional, encuentra su punto central de equilibrio en la función judicial.

No cabe duda que en el sistema de gobierno presidencialista, en sociedades desarticuladas, heterogéneas y sin dinámicas propias, como ocurre en los espacios sociales de América latina, cuyos pueblos históricamente se mueven dentro de criterios sociológicos y políticos, alimentados por impulsos caudillistas y mesiánicos, es enorme la posibilidad de que se presenten abusos del poder, desviación de competencias e irrespeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluso la extensión geográfica, la complejidad e inoperancia en los medios de comunicación y las separaciones conceptuales en el modo de ser y de actuar de los distintos sectores territoriales, hace que necesariamente se presenten problemas complejos, que en sociedades homogéneas se resuelven de una manera relativamente sencilla.

A todo lo anterior hay que agregar la presencia de una clase dirigente con escasa vocación de representación nacional, que hace que los órganos de poder, en lugar de representar el bienestar general, se ocupe preferentemente por defender intereses puntuales relacionados con determinados grupos o sectores.

En medio de este aparente o real desorden social, en una sociedad con amplios signos de desconexión, la Constitución Política surge como factor único de cohesión. Para nuestras sociedades la Carta Suprema no es un simple instrumento de regulación sobre la estructura y funcionamiento del Estado, sino que se presenta como fuente para la solución de los conflictos sociales, dando lugar a su utilización contradictoria, por parte de gobernantes populistas de derecha o de izquierda, quienes actúan, por una parte, con un desaforado deseo por expedir una nueva Constitución, que se considera necesaria para legitimar sus intenciones autoritarias de poder, acudiendo, para su expedición, a sistemas formalmente democráticos, aunque realmente antidemocráticos, como asambleas constituyentes manipuladas. Pero al mismo tiempo, el espíritu mesiánico impulsa a estos gobernantes a querer tomar decisiones por fuera del marco constitucional vigente, ignorando los límites funcionales de sus competencias.

Este sombrío panorama encuentra un hálito de esperanza en los órganos que integran la justicia. Mientras exista una justicia, que mantenga un alto nivel de autonomía e independencia, como bien reza la propia Constitución, la población contará con un actor digno de confianza para la defensa de la institucionalidad y los derechos ciudadanos. En los momentos de crisis, la defensa y respeto a las instituciones, y la inclusión ciudadana, constituyen el tesoro preciado que la justicia presenta para proteger la democracia en el Estado Social de Derecho. .

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La justicia: esperanza institucional

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12.04.2024

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Por Luis Fernando Álvarez Jaramillo - lfalvarezj@gmail.com

La Justicia es el último y principal soporte de la democracia en el Estado Social de Derecho. Es posible que por circunstancias personales de quienes dirigen o participan en los órganos de gobierno y en el legislativo, o por defectos sistémicos en la organización del poder, se presenten defectos o excesos en el ejercicio de las competencias que corresponden a los distintos órganos que hacen parte de la administración y la legislación, pero para la ciudadanía en general, el clásico sistema de pesos y contrapesos, necesarios para la defensa institucional, encuentra su punto central de equilibrio en la función judicial.

No cabe duda que en el sistema de gobierno presidencialista, en sociedades desarticuladas, heterogéneas y sin dinámicas propias, como ocurre en los espacios sociales de América latina, cuyos pueblos........

© El Colombiano


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