Una democracia funciona bien cuando cualquiera puede ganar las elecciones y quienes pierden aceptan la legitimidad de los ganadores; deben darse las condiciones para que a nadie se le impida ganar y que quien ha perdido pueda aceptar el resultado electoral. En ocasiones no se dan estas condiciones, pero incluso cuando las elecciones se han desarrollado con normalidad democrática sigue habiendo actores que no aceptan su derrota, no reconocen la victoria del adversario y declaran ilegítimo al Gobierno que surge del resultado electoral. Se produce una peculiar degradación de la vida política cuando no contamos con eso que Christopher Anderson denominó el consentimiento de los perdedores. Una de las propiedades más importantes de la democracia es que, más allá de la mera existencia de la oposición, se asegure la lealtad de quienes deseaban otro gobierno, de las minorías que han quedado fuera de la mayoría gubernamental, de manera que sus decisiones -por muy contrarias e incluso equivocadas que les parezcan- sean consideradas vinculantes y legítimas también por parte de quienes no están a favor del gobierno.

Hay ocasiones en las que es muy difícil aceptar la derrota y quien pierde tiene todo el derecho de impugnar el resultado. Me refiero a las manipulaciones electorales y a la modificación ventajista de las reglas de la competición. En Estados Unidos hay una larga tradición de modificar los distritos para maximizar las ventajas electorales (una distorsión que se conoce como gerrymandering), algo que también se ha llevado a cabo en otros países.

Pero los casos más preocupantes son aquellos en los que se impugna el resultado de las elecciones sin aportar ninguna prueba que justificara esa impugnación. Guardamos en la memoria el asalto al Capitolio de Washington en 2021........

© Deia