El autor de esta columna advierte que Chile nunca había producido tanta información pública, pero que policías, municipios, fiscalías y servicios siguen mirando la realidad por separado, y que la interoperabilidad tecnológica no basta si nadie integra, analiza y anticipa. Concluye que «un Estado moderno no es aquel que posee más datos. Es aquel que consigue convertirlos, dentro de la ley y respetando los derechos de las personas, en mejores decisiones. La secuencia parece sencilla (…). Lo difícil es conseguir que distintas instituciones recorran esa secuencia juntas cuando el problema también es compartido».

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Chile probablemente nunca había producido tanta información como hoy. Policías, municipios, ministerios, fiscalizadores, servicios públicos, gobiernos regionales y múltiples organismos especializados registran diariamente delitos, procedimientos, denuncias, emergencias, fiscalizaciones, permisos, accidentes, vulnerabilidades, prestaciones y cientos de otras variables. Tenemos bases de datos, plataformas digitales, estadísticas, informes, observatorios y sistemas de georreferenciación. El problema, entonces, comienza a dejar de ser solamente cuánto sabemos. La pregunta más incómoda es otra: ¿somos capaces de transformar oportunamente todo aquello que sabemos en mejores decisiones?

La distinción es importante porque dato, información, análisis y decisión no son sinónimos. Saber que aumentaron determinados delitos en una comuna es un dato relevante. Identificar dónde, cuándo y bajo qué condiciones están ocurriendo comienza a transformarlo en información. Relacionarlo con otros fenómenos, determinar sus posibles efectos, evaluar riesgos y proyectar escenarios constituye análisis. Decidir qué institución debe actuar, con qué prioridad, en qué plazo y cómo se evaluará posteriormente el resultado es gestión pública. Entre el primer punto y el último existe una distancia que ninguna plataforma tecnológica puede recorrer por sí sola.

Chile ha avanzado normativamente en esta materia. La Ley 21.180 sobre Transformación Digital del Estado incorporó expresamente los principios de interoperabilidad y cooperación a los procedimientos administrativos electrónicos. La legislación establece que los medios electrónicos deben poder interactuar entre sí mediante estándares que permitan una interconexión segura y expedita y dispone que los organismos públicos cooperen efectivamente en su utilización. También contempla mecanismos........

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