El desarrollo rural necesita proyectos que reactiven la economía de nuestros pueblos, entre ellos los eólicos, que contribuyen también a la transformación del modelo energético. Sin embargo, la realidad del sector eólico muestra un panorama crítico de paralización administrativa....

Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS

De los 34.750 megavatios (MW) eólicos que el PNIEC preveía instalar en el decenio 2021-2030, en los primeros cinco años apenas se han puesto en marcha 4.927 MW, lo que representa un modesto 14% del objetivo. Este retraso no obedece a la falta de interés inversor ni a la ausencia de capacidad industrial, sino a un entramado de barreras administrativas, jurídicas y fiscales. Los parques eólicos construidos en 2025 tuvieron que soportar procesos de tramitación y construcción de más de cinco años. A ello se suma una asfixiante situación jurídica derivada de miles de recursos de alzada, frecuentemente impulsados mediante plantillas de copia y pega por plataformas que se oponen a cualquier tipo de proyecto, exigencias ambientales que desbordan la normativa europea y una presión fiscal que se incrementa ejercicio tras ejercicio. En la actualidad hay proyectos eólicos que acumulan más de tres años de retraso por la lenta........

© Cinco Días