Las recientes renuncias de autoridades tras dar positivo en controles de drogas están poniendo a prueba una política presentada como garantía de probidad y transparencia. También revelan una tendencia más compleja, que es abordar el consumo desde la sospecha y la sanción, como si todo resultado positivo equivaliera a una conducta delictiva o a un vínculo con el narcotráfico.

Paradójicamente, el sistema hace público el dato más sensible -el resultado del examen-, pero mantiene poco visible la información necesaria para evaluar la confiabilidad y el significado de ese resultado. Hay publicidad del resultado, pero no necesariamente transparencia del procedimiento.

Por cierto que los controles de drogas cumplen una función legítima en determinados cargos de responsabilidad. Buscan proteger la confianza pública y la aptitud para el ejercicio de funciones críticas. Precisamente por esa relevancia, resulta indispensable interpretar correctamente aquello que el examen puede acreditar y aquello que excede sus posibilidades técnicas.

El uso de sustancias no constituye, por sí mismo, un delito ni tampoco permite presumir participación en actividades........

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