Las elecciones del pasado 8 de marzo confirmaron las peores sospechas: en los 137 municipios donde la MOE advirtió la ausencia de garantías para el voto libre, los resultados fueron demoledores. No es coincidencia que el Pacto Histórico haya arrasado en estas zonas, concentrando allí el 52 % de su votación total.

Se ratifica así la advertencia de una ONG cuya rigurosidad fue defendida por el hoy presidente cuando era oposición. Es imperativo que, de cara a las presidenciales, se implementen blindajes reales. La unidad de los colombianos es vital para exigir respuestas del Gobierno nacional ante los siguientes interrogantes:

¿Es una simple coincidencia que el partido de gobierno haya obtenido más del 50 % de su votación total precisamente en los 137 municipios donde tienen presencia los aliados de la paz total?

¿Cómo se explica que un alto porcentaje de los 31 billones de pesos en contratos directos denunciados por la prensa se haya destinado justamente a esos mismos 137 municipios identificados como de alto riesgo por la MOE?

¿Por qué el Gobierno nacional no tomó medidas preventivas en esos 137 municipios, a pesar de que la MOE advirtió con antelación lo que podía suceder, dejando como resultado un proceso electoral seriamente cuestionado?

¿Es casualidad que, en 59 de los municipios donde la MOE alertó sobre riesgo extremo de fraude o violencia, el Pacto Histórico haya logrado las votaciones más altas en las elecciones parlamentarias?

¿Cuál fue el criterio del gobierno para concentrar gran parte de los 31 billones de pesos en consejos comunitarios, resguardos indígenas y juntas de acción comunal ubicados exclusivamente en esos territorios críticos?

¿Se destinaron esos 31 billones de pesos al desarrollo real de las comunidades o se utilizaron para consolidar clientelas electorales en las zonas donde, según la MOE, no había garantías para el voto libre?

¿Qué cantidad exacta de esos 31 billones de pesos fue ejecutada entre enero y marzo de 2026, en los meses inmediatamente anteriores a las elecciones legislativas?

¿Estarían dispuestos la MOE y los partidos de oposición a elaborar un mapa que cruce la ubicación de los 137 municipios en riesgo con la concentración de los recursos asignados a asociaciones populares y los resultados electorales del 8 de marzo?

¿Qué acciones de control y políticas de vigilancia electoral implementó el Gobierno nacional antes del 8 de marzo para proteger los municipios que ya habían sido catalogados como de alto riesgo?

¿Es coincidencia que el grueso de la inversión en asociaciones populares se concentre en departamentos con alta incidencia de los aliados de la paz total, como Cauca, Nariño, Chocó, Amazonía, Orinoquía, Antioquia y Valle del Cauca?

¿Quiénes son los líderes de las asociaciones que recibieron estos contratos y qué relación política o social tienen con el Pacto Histórico, organización que triunfó en esas mismas regiones?

¿Cómo se puede garantizar que los recursos entregados en zonas controladas por organizaciones narcoguerrilleras, bajo la bandera de la paz total, no terminaron financiando indirectamente a dichas estructuras criminales?

¿Están la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía dispuestas a desglosar, municipio por municipio, la entrega de los 31 billones de pesos para contrastarla con los resultados electorales?

¿Estaría el Gobierno del presidente Gustavo Petro dispuesto a permitir una auditoría internacional externa e independiente que verifique la relación entre la destinación de estos recursos y los resultados del pasado 8 de marzo?

Estamos a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial y, tras lo ocurrido el 8 de marzo, es evidente que no hubo garantías para que los ciudadanos de esos 137 municipios votaran libremente. Si las campañas distintas a la de Iván Cepeda no toman medidas preventivas urgentes, es muy probable que su votación en mayo sea igual o superior a la obtenida por el Pacto Histórico.

Es imperativo que organizaciones como la MOE y organismos internacionales exijan transparencia inmediata; de lo contrario, sin garantías para el voto libre, los colombianos estaremos presenciando el fin de nuestra democracia.

¿Es el “pueblo” soberano y solo la izquierda lo representa?

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