César Valdeolmillos Alonso: "Sin presupuesto no hay derechos"

César Valdeolmillos Alonso: "Torrente, o el espejo incómodo de España"

«La peor crueldad es prometer derechos sin ofrecer los medios para ejercerlos» Michael Walzer

Después de casi ocho años en el poder, el Gobierno ha aprobado la regularización de inmigrantes más ambiciosa desde 2005. La cifra oficial habla de 750.000 solicitudes previstas y hasta medio millón de beneficiarios. Es un número rotundo, tranquilizador en apariencia. Pero, como suele ocurrir en política, lo importante no es lo que se dice, sino lo que se deja fuera.

Porque esa cifra difícilmente será la final. Hay demasiados factores que empujan en sentido contrario: personas que ya están en España sin regularizar y no aparecen en los registros, inmigrantes que se encuentran en otros países europeos y ven aquí una vía más accesible, y, sobre todo, un efecto de atracción que no es una hipótesis futura, sino una realidad en marcha.

Porque esa cifra difícilmente será la final. Hay factores que empujan claramente al alza: la  ya anunciada llegada de inmigrantes en situación irregular procedentes de otros países europeos y ven en España una vía más accesible para regularizar su situación y, sobre todo, un efecto de atracción que no es una hipótesis futura, sino una realidad que ya está en marcha. Y, más adelante, la reagrupación familiar terminará de ampliar esa cifra, multiplicando el alcance real de la medida mucho más allá de lo anunciado.

Las propias fuerzas de seguridad llevan tiempo alertando de rutas activas y organizadas que se adaptan con rapidez a cualquier oportunidad. Cuando un país anuncia regularizaciones amplias, el mensaje se entiende con claridad mucho más allá de sus fronteras.

Uno de los puntos más delicados del proceso es la verificación de antecedentes. En teoría, se exige que el solicitante no tenga condenas penales relevantes. Pero el problema no es solo cómo se comprueba, sino cómo está planteado el requisito desde el origen.

El decreto no establece como condición estricta e inexcusable la acreditación fehaciente de la inexistencia de antecedentes, sino que permite que esa verificación dependa, en gran medida, de la documentación disponible y de la capacidad de las administraciones para contrastarla. Y ahí es donde el sistema se vuelve vulnerable.

No todos los países cuentan con registros fiables ni con mecanismos ágiles de cooperación. En otros casos, la identificación del solicitante puede no ser completamente segura. El resultado es evidente: en determinados supuestos, la ausencia de antecedentes no significa necesariamente que no existan, sino que no han podido ser comprobados.

Este no es un problema menor. Es una consecuencia directa del diseño del procedimiento. Podría haberse reducido si se hubiera exigido como condición efectiva —no solo formal— la acreditación verificable de la inexistencia de antecedentes, dentro de lo que permite la realidad administrativa. No hacerlo introduce un grado de incertidumbre que, en un proceso de esta magnitud, no debería aceptarse como algo secundario. Porque en cuestiones de seguridad, la incertidumbre no es un detalle técnico: es el problema.

Y ese riesgo se agrava cuando se traslada a una administración que ya estaba al límite. Oficinas desbordadas, colas desde la madrugada, plazos que se alargan. No es una imagen aislada, sino la consecuencia de poner en marcha una medida de gran impacto sin reforzar los medios necesarios para gestionarla. Al final ocurre lo de siempre: quien toma la decisión no es quien soporta el desgaste. El Gobierno marca el rumbo; otras administraciones —muchas en manos de la oposición— cargan........

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