«No hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.» – Montesquieu

Sobre el arte silencioso de convertir la ley en la mejor de las trampas para perpetuar un régimen

Imaginemos por un momento la escena: amanece en una ciudad cualquiera. Los colegios electorales abren sus puertas a la hora exacta, las urnas de metacrilato lucen transparentes sobre las mesas, los ciudadanos hacen cola con su documento de identidad en la mano y las autoridades proclaman con solemnidad el triunfo de la democracia. Todo parece estar en su sitio. Sin embargo, en el interior de esa maquinaria aparentemente impecable, el resultado del escrutinio estaba ya decidido meses antes en el silencio de un despacho; lejos del pucherazo zafio del siglo XIX, asistimos a una sofisticadísima orfebrería leguleya. Contemplamos el nacimiento de un despotismo ataviado con ropajes de gala, al que le basta la tinta del Diario Oficial que publica las leyes y la complicidad de un árbitro con la camiseta cambiada para adueñarse del futuro.

A lo largo del tiempo, la historia nos enseñó a temer a los enemigos estridentes del orden constitucional. Aprendimos a recelar de las marchas militares, de los cierres intempestivos del Parlamento y de los decretos dictatoriales firmados de madrugada. Pero los tiempos han cambiado y la autocracia —aunque siempre conserva algún Doberman nombrado adrede para que permanentemente enseñe los colmillos del sistema— ha perfeccionado sus modales. La verdadera amenaza del siglo XXI viste traje a medida, sonríe ante las cámaras de televisión y habla el lenguaje impecable de la tramitación administrativa.

Nos hallamos ante el fenómeno de la perversión del Estado de derecho por sus propios cauces. Ocurre cuando un gobierno descubre que para perpetuarse de manera indefinida en el poder cuenta con la posibilidad de convertir el propio texto legal en una tela de araña donde la libertad ciudadana queda atrapada. Se trata de un proceso de carcoma institucional: se conserva intacta la cáscara del huevo para que nadie dé la voz de alarma, mientras por dentro se absorbe hasta la última gota de su contenido democrático.

Para comprender la magnitud de esta ingeniería, conviene mirar primero el tablero de juego. En cualquier competición limpia, las reglas son sagradas e iguales para todos los participantes. La tragedia comienza cuando uno de los jugadores arroja sobre la mesa la capacidad de rediseñar las casillas a mitad de la partida.

El primer movimiento de esta estrategia consiste en moldear el censo electoral a la medida de los intereses de quien gobierna. Queda lejos la necesidad de inventar votantes fantasmas o de alterar las actas durante el agónico recuento de la noche electoral. Resulta infinitamente más eficaz promulgar una disposición administrativa —una modesta instrucción de rango inferior— que relaje los requisitos para conceder la nacionalidad a cientos de miles de personas en el extranjero. A través de este atajo legal, lo que la ley ordinaria concibió como una justa reparación histórica para los descendientes de quienes sufrieron el exilio, se transforma mediante una argucia interpretativa en un coladero masivo. Se otorga la condición de elector a quien jamás ha pisado la tierra que va a decidir, creando así un gran granero de votos agradecidos. Es la alquimia perfecta: el poder fabrica su propio pueblo en lugar de someterse al dictamen del pueblo existente.

Sin embargo, alterar las reglas del juego resultaría inútil si el árbitro del encuentro hiciera sonar su silbato. Por eso, el segundo paso indispensable de esta maquinaria consiste en neutralizar a los guardianes del sistema.

En una democracia sana, el equilibrio de poderes enseñado por los clásicos exige que el poder frene al poder para que la libertad respire. Cuando el Poder Ejecutivo decide colonizar la Fiscalía General........

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