Por Juan Alberto Foryth Alarco

La caída del Fiscal General de España muestra que la Fiscalía no puede ser un arma política: una advertencia que el Perú no debería ignorar.

El fiscal general del Estado en España, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo de su país a dos años de inhabilitación, una multa de 7,200 euros y una indemnización de 10,000 euros al afectado. El motivo: la filtración de datos reservados sobre un caso de defraudación tributaria que involucraba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El episodio, que ha estremecido a la justicia española, suena exótico desde el Perú. Aquí, la filtración de investigaciones fiscales es tan común como los embotellamientos en la avenida Javier Prado: un hecho cotidiano, previsible, casi folclórico. Hay fiscales que consideran que revelar información es una forma de salvaguardar la investigación, como si la luz mediática fuera un antídoto contra la influencia política. Y, gracias a las confesiones del exasesor fiscal Jaime Villanueva, sabemos que ciertas redacciones periodísticas y algunos despachos fiscales mantienen una cercanía que ya quisieran muchos políticos con sus electores.

Conviene, pues, repasar la........

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