La percepción mayoritaria en Madrid es que los servicios sociales son únicamente ayudas para personas pobres, población considerada "sobrante" o para quienes sufren exclusión extrema, a diferencia de la sanidad, la educación y las pensiones que son vistas como sistemas dirigidos a todas las personas y sobre la marcha de los cuales todos nos sentimos concernidos.

En el último tiempo el Ayuntamiento de Madrid viene adoptando diversas decisiones que afectan profundamente a los programas y prestaciones del sistema de servicios sociales y que ponen en peligro su contribución al desarrollo de una ciudad más justa, más solidaria y cohesionada. La privatización de los tres últimos Centros de Atención a la Infancia (CAI) que aún eran de gestión directa; el debilitamiento de los Espacios de Igualdad en los barrios; la implantación del Servicio de Información y Acogida (SIA) herramienta de cribado y triaje que restringe el acceso y maquilla las listas de espera; la desaparición de la Renta Mínima de Inserción (RMI), sustituida por la Tarjeta Familias; la extracción de datos de población vulnerable mediante el sistema ALMA "cerebro" de la Historia Social Única; la externalización de más del 80% de los 1.271 millones de euros anuales destinados a gasto social; unas plantillas con un Índice de Capacidad Operativa Efectiva (ICOE) inferior al 75% en todos los distritos; la cesión de 16 parcelas —más de 200.000 metros cuadrados— para residencias de gestión público-privada; y el endurecimiento del trato dado a las personas sin hogar.

Lo más flagrante es que estas medidas orientadas a "taponar" los daños de un modelo económico que intensifica la exclusión, la expropiación y la fractura urbana y que provocan una progresiva reconfiguración institucional de los Servicios Sociales municipales, apenas encuentran una oposición que se oponga, capaz de defender un sistema que favorezca la integración social,........

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