Son tiempos en los que estamos acostumbrados al reduccionismo intelectual, también en el ámbito de los problemas de la vivienda. Las interpretaciones de la situación del acceso a la vivienda y el alquiler, que son objeto de una débil protección constitucional, (art. 47 de la Constitución de los Principios Rectores de la Política Social y Económica), se reducen a perfiles sociales limitados, víctimas de un mercado casi sin reglas. Se especula (nunca mejor usada la expresión) sobre el problema de los acampados en Sol o de los militantes del Sindicato de Inquilinas, que merecen la protección que la Constitución les confiere pero no son el único colectivo afectado por la transmutación de un derecho en un bien de mercado.

El alquiler no solo afecta a las viviendas sino también a los locales de negocio. La UPTA calcula que en los centros urbanos el 90% de los negocios están en un local alquilado; que el alquiler supone el 40% de sus costes directos y que se están cerrando, solo por el impacto de la cuantía de la renta, 37 comercios al día. Lo mismo se puede decir de locales de hostelería y despachos profesionales. Los problemas del alquiler no solo están vinculados a la vulnerabilidad sino con carácter general a las clases medias titulares de un comercio, un despacho, un local hostelero, un gabinete médico, un club deportivo. En definitiva, la vivienda o local afecta a los trabajadores autónomos que conforman lo que históricamente se ha denominado sufridas clases medias.

La vivienda es lo mismo que el hogar en donde no solo se habita, sino que se desarrolla la realización personal y consecuentemente la socialización con un entorno. Hoy es más que eso, es un lugar de trabajo (tengo un hijo que trabaja en........

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