Diez personas murieron en el incendio de Manzanilla el 22 de julio, cinco de ellas niños. La hipótesis policial, aún no confirmada judicialmente, apuntaría a un ajuste de cuentas por extorsión. Pero la pregunta que importa no es quién prendió el fuego, sino por qué el Estado peruano tardó tres años en mirar hacia donde estaba ardiendo. Las cifras llevaban tiempo sobre la mesa. Las denuncias por extorsión saltaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024 —un alza del 540 %, según el observatorio Indaga del Ministerio de Justicia— y, en 2025, superaron las 25.000, de acuerdo con el Ministerio del Interior. A ello se suman los 214 atentados contra el transporte que el Ministerio Público registró en Lima y Callao hasta mayo de 2026, con 152 muertos. Nada de esto fue un secreto. Fue una advertencia que nadie quiso leer. Tampoco faltaron respuestas, y ahí está el problema. Trujillo vive en estado de emergencia desde 2023. Boluarte declaró otro en Lima y Callao en marzo de 2025 y Jerí........

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