En las calles de Pucallpa, allá por el año 2000, una adolescente de dieciséis años despertó en una cama ajena, desnuda, con la memoria borrada por la niebla del alcohol y el desconcierto. Jennifer Canani Panduro cuenta que el hombre que la invitó a beber era el hoy ministro de Energía y Minas Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, gerente de Electro Ucayali, de cuarenta y siete años, investido de autoridad y poder en esa provincia. Hubo un embarazo, un hijo que el ministro reconoció legalmente, y una convivencia que ella describe como un infierno. El niño, hoy de veinticinco años, vive en Australia desde hace una década, lejos de su madre. El ministro del gobierno del comunista José María Balcázar, rechaza la acusación de violación. A través de comunicados y de su abogado Wilber Medina, defiende que todo fue una relación “sana, consentida y pública”. “Todos sabían” en Pucallpa, asegura; convivieron y luego él proveyó dinero. La denuncia actual, dice, es solo un intento de “sacarle plata”. Promete evidencias: chats, audios, registros que probarían pagos previos y admisiones de la denunciante. Anuncia acciones por difamación. Pero estas palabras, tan rotundas despiertan ecos inquietantes. ¿Basta que “todos supieran” para convertir en virtud lo que la ley de entonces calificaba como estupro —relaciones con una menor de catorce a dieciocho años bajo engaño o abuso de poder—? Penalistas como Carlos Caro y Andy Carrión recuerdan que la convivencia posterior o el reconocimiento del hijo no borran un posible delito. La vulnerabilidad de una adolescente frente a un gerente estatal no se disuelve porque el rumor corriera por las calles. Tampoco el reclamo económico —real o supuesto— anula el hecho desnudo: una niña de dieciséis años quedó embarazada de un hombre de cuarenta y siete. Canani mostró mensajes en los que Alfaro la amenazaba con exponer “registros policiales y penales” lo que huele a silenciamiento y no a defensa legítima. ¿Estaba casado en Lima en aquellos años? ¿Tenía esposa y familia en Lima? Si existiera tal matrimonio, el engaño se agravaría; ni él ni su defensa lo han aclarado. El Ejecutivo minimiza: “asunto familiar de años atrás”, dice Balcázar; no hay cese sin sentencia firme. La Fiscalía no ha abierto investigación formal, aunque los delitos sexuales contra menores resisten la prescripción cuando media violencia o vulnerabilidad. En el Perú de 2026, entre la indiferencia del poder y la rabia contenida de tantos, resuena una pregunta antigua: ¿el conocimiento público en una provincia lo que en cualquier tribunal se juzgaría con severidad? ¿Cómo conoció a la menor, merodeaba las escuelas? ¿Estamos ante un depredador de menores? El silencio del Alfaro ante detalles esenciales solo aviva el mal pensar y la indignación, como un viento que no apaga, sino que propaga el fuego.

Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento. 

📲 Noticias a tu WhatsApp

Presiona AQUÍ y únete a nuestra comunidad 'Noticias al instante'.

© Expreso