En los próximos días, el Congreso de la República tendrá en sus manos una decisión que trasciende el procedimiento constitucional: otorgar o no el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Denisse Miralles. No se trata únicamente de un acto formal. Es, en esencia, una determinación que impactará directamente en la estabilidad política, la continuidad institucional y la confianza que el Perú proyecta hacia dentro y fuera de sus fronteras. El debate se produce en un escenario internacional particularmente desafiante. Las tensiones geopolíticas, los ajustes arancelarios en Estados Unidos –principal destino de nuestras exportaciones con valor agregado– y el endurecimiento de las condiciones comerciales configuran un entorno donde la competencia es cada vez más exigente. En ese contexto, cualquier señal de incertidumbre interna puede traducirse en pérdida de oportunidades, inversiones postergadas y mercados que se cierran. Los parlamentarios deben considerar, además, que la gestión del presidente José María Balcázar es de carácter transitorio y culmina en julio próximo. Forzar un nuevo episodio de confrontación o abrir otra etapa de transición en el Ejecutivo no aportaría soluciones estructurales; por el contrario, profundizaría la inestabilidad en un momento en que el país necesita previsibilidad. Cada cambio de gabinete implica semanas –a veces meses– de reorganización, redefinición de prioridades y ralentización en la toma de decisiones. Ese tiempo no es neutro: afecta la ejecución de políticas públicas, la promoción comercial, la atracción de inversiones y la implementación de medidas urgentes para fortalecer la competitividad del aparato productivo nacional. El comercio exterior, uno de los principales motores del crecimiento económico, depende de condiciones que no admiten sobresaltos. Requiere confianza, seguridad jurídica y reglas claras. Las exportaciones no solo generan divisas; crean empleo formal descentralizado, dinamizan economías regionales y sostienen cadenas productivas que integran a miles de pequeñas y medianas empresas a lo largo del país. Si bien la elección del mandatario por parte del Congreso fue cuestionada por diversos sectores, hoy corresponde actuar con responsabilidad y asegurar la continuidad institucional hasta el cierre del mandato. Reiniciar el tablero político en esta etapa final solo prolongaría la incertidumbre, retrasaría decisiones urgentes y pondría en riesgo la recuperación económica que tanto esfuerzo demanda consolidar. Otorgar el voto de confianza no significa renunciar a la fiscalización. El control político es un deber irrenunciable del Congreso. Pero fiscalizar no es sinónimo de obstruir. Significa supervisar con rigor mientras se permite gobernar. Significa priorizar el bienestar de los 34 millones de peruanos por encima de las disputas coyunturales. Este momento también invita a una reflexión más profunda: la estabilidad no depende únicamente de una votación parlamentaria. Se construye desde los partidos políticos, al seleccionar candidatos idóneos, y desde la ciudadanía, al ejercer un voto informado y responsable. El próximo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir presidente, vicepresidentes, diputados, senadores y representantes al Parlamento Andino. Más de dos millones y medio de jóvenes votarán por primera vez. Esa cifra no es solo estadística; es la expresión de una responsabilidad colectiva. La gobernabilidad es una tarea compartida. El próximo 18 de marzo, el Congreso tendrá la oportunidad de actuar con visión de Estado. Apostar por la estabilidad en este periodo no es un cálculo político; es una decisión en favor del empleo, la inversión y la lucha contra la pobreza. El Perú no puede detenerse cuando el mundo avanza.

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