Una práctica corrupta viene tomando fuerza con un efecto corrosivo de uno de los fundamentos de la protección legal de la actividad económica, los procedimientos de insolvencia. El problema suscitó pronunciamientos del presidente de la Asociación Bancaria y Entidades Financieras de Colombia, Jonathan Malagón, y del superintendente de Sociedades, Billy Escobar, por el incremento de solicitudes de insolvencia de personas naturales que tienen como engranajes a oficinas de abogados, centros de conciliación, notarías y particulares para simular deudas y defraudar a acreedores reales.

Para el superintendente, “el problema gira alrededor de la insolvencia de personas naturales, no a la insolvencia empresarial”; para Malagón, “cuando la persona atraviesa una crisis real, la ley puede darle una segunda oportunidad para reorganizar sus deudas y volver a empezar”, es decir, mantener su condición de agente económico, sujeto de crédito y deudor que paga.

Tal vez el fenómeno se extendió, como dice el Supersociedades, en los dos últimos años porque se ‘popularizó’ involucrando a personas de ingresos medios ahogadas en deudas resultantes de patrones insostenibles e irresponsables de consumo a crédito. Pero la historia es mucho más vieja y compromete a individuos de alto perfil social y empresas, en........

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