Parodiando a los padres del socialismo científico, un fantasma recorre el mundo: el fantasma de la corrupción. No conozco de país alguno que esté libre de tal flagelo. Analistas internacionales calculan su cuantía mundial en más de 1,2 billones de dólares y la Contraloría General de la República la cuantifica para Colombia en 60 billones de pesos.

Esta patología está presente en cada contrato amañado, en cada soborno aceptado, en cada recurso desviado. Su efecto es una herida abierta en el cuerpo social, y su gravedad se acentúa al presentarse en un gobierno progresista, como es el de Gustavo Petro.

A lo largo de su campaña presidencial, Petro puso un énfasis especial en su erradicación, pues la consideraba una condición indispensable para hacer de su gobierno un instrumento eficaz contra la pobreza y la violencia, al igual que para atenuar los graves desequilibrios sociales que tan mal clasificados nos mantienen en el ámbito internacional. La verdad sea dicha: no lo logró.

En la actual coyuntura de elección presidencial, dos de los tres candidatos que lideran las encuestas, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aunque han manifestado su preocupación por este flagelo, no han dejado traslucir en sus discursos más que lamentaciones hipócritas y promesas vacuas, entre las cuales no se vislumbra ninguna grieta por la que pueda colarse principio alguno de solución. Bajo el mandato de cualquiera de ellos, lo de esperar no puede ser más que la continuidad del problema.

Por el contrario, el tercero, Iván Cepeda, ha puesto en claro que la corrupción en Colombia ha dejado de ser una sucesión de hechos inconexos derivados del actuar sistemático de manzanas podridas, para convertirse en un sistema de estructuras complejas que elevó su condición a lo que denomina “macrocorrupción”.

De acuerdo con sus planteamientos, la solución solo puede provenir de una revolución ética, cimentada en una nueva arquitectura de poder, en la que deben comprometerse los organismos de control bajo una nueva égida normativa; un aparato de justicia en cuya actuación no quede espacio para la impunidad; la creación de una división anticorrupción en la Fiscalía que actúe con un enfoque de sistemas; un régimen tributario que les ponga fin a la evasión y la elusión; y unas veedurías capaces de infundir respeto entre los funcionarios y organismos vigilados, lo cual hace indispensable que cuenten con expeditos y seguros mecanismos de denuncia de todo lo que viole la transparencia en la contratación pública.

Al igual que en muchos otros aspectos, Cepeda demuestra con estas propuestas que es la persona indicada para regir los destinos del país durante los próximos cuatro años.

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