La transparencia no es una concesión graciosa de la autoridad. Es una obligación inherente al ejercicio del poder. Administrar dineros públicos significa administrar recursos destinados al bien común. Y exige rendir cuentas.

La legitimidad de un Estado no se recupera únicamente mediante grandes reformas ni solemnes discursos. Comienza allí donde el ciudadano encuentra por primera vez al Estado: en el municipio. Ese es su primer rostro. Si inspira confianza, la autoridad se fortalece. Si inspira sospecha, la desconfianza se extiende a todo el entramado institucional.

Por eso inquieta la repetición casi mecánica de escándalos municipales. No vale la pena enumerarlos. La lista es demasiado larga y demasiado conocida. Lo preocupante no son los casos aislados, sino la impresión de que esa corrupción ha adquirido carácter orgánico. Allí donde debiera existir el mayor cuidado por los recursos públicos, aparecen contrataciones de funcionarios sin mérito suficiente, remuneraciones desproporcionadas, opacidad, desorden y un alarmante deterioro institucional.

Las corporaciones culturales representan un caso especialmente delicado de descomposición. Administran patrimonios........

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