Chile ha convertido el cuidado de largo plazo de las personas mayores en un bien que se adquiere según la capacidad de pago de cada familia.

El viernes 12 de septiembre, cerca de las diez y media de la noche, un incendio consumió el hogar El Edén, en Pitrufquén. Murieron dieciséis personas mayores y diez lograron ser evacuadas. En las horas siguientes el país supo que el recinto funcionaba sin autorización sanitaria, arrastraba una denuncia por maltrato presentada en 2025 y sus fiscalizaciones anteriores habían concluido, como tantas otras, en multas. El Estado conocía la dirección, cursó la infracción y siguió de largo.

Tres días después, el secretario regional ministerial de Salud de La Araucanía explicó por qué no convenía cerrar otras residencias irregulares: “Si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes dónde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”. El Ministerio de Salud le pidió con razón la renuncia, aunque conviene no archivar la frase con la misma rapidez que al funcionario, porque fue inaceptable en su imagen e involuntariamente exacta en su lógica.

Describe un sistema que no tiene dónde ubicar a las personas mayores que necesitan cuidado, una población que ha crecido sostenidamente en Chile en las últimas décadas, y que precisamente por eso tolera lo intolerable. Se removió al mensajero, mientras el modelo de gestión que su metáfora retrató sigue abierto y atendiendo público.

Chile ha convertido el cuidado de largo plazo de las personas mayores en un bien que se adquiere según la capacidad de pago de cada familia. Se propone llamar vacío de cuidado a la distancia entre una necesidad acreditada y la prestación efectivamente disponible.

Cuando el ordenamiento no dice quién debe cubrir esa distancia, el vacío recae sobre quien tiene menos posibilidad de rechazarlo y adopta tres formas conocidas, que son el trabajo no remunerado, casi siempre a cargo de mujeres de la familia, la mensualidad pagada a quien ofrezca una cama y la simple espera. El Edén pertenece a la franja inferior de ese mercado, la que recibe a quien no puede pagar la superior ni obtener un cupo público.

Según datos obtenidos por Ciper en 2025, el Estado administraba 22 residencias con 1.248 plazas para todo el país. A febrero de ese año había 838 personas en lista de espera, 510 de ellas derivadas por tribunales de familia tras sufrir violencia o maltrato. Durante 2024 ingresaron 33 personas y fallecieron 198 residentes, que fue la principal vía de liberación de plazas. En otras palabras, la vacante en una residencia pública no se asigna, se desocupa.

En la misma investigación, la autoridad sanitaria de La Araucanía reconocía 70 residencias sin autorización frente a 22 autorizadas, y el Ministerio de........

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