Diputados cercanos al Gobierno, principalmente del PC, han propuesto un nuevo proyecto de ley que busca sancionar a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período militar según están consignadas en los Informes Rettig, Valech y otros; ello, con penas que contemplarían cárcel en sus grados medio a máximo, además de las multas correspondientes. Es el cuarto proyecto que se presenta con el mismo propósito. De estos, el que tuvo mayor avance legislativo fue finalmente objetado por el Tribunal Constitucional, por afectar la libertad de expresión. Pese a ello, el texto ahora anunciado reproduce casi íntegramente la disposición que cuestionara el TC.

La libertad de expresión es fundamental en cualquier sistema democrático y toda limitación a su ejercicio afecta no solo a los periodistas o a las personas que participan en foros públicos, como a menudo se piensa, sino también a los académicos y particularmente a los historiadores. Según este proyecto, ellos podrían incluso terminar en la cárcel por la osadía de aventurarse en hipótesis que puedan cuestionar lo sostenido respecto de alguno de los miles de casos contenidos, por ejemplo, en el informe Valech. En efecto, bastaría con una interpretación extensiva de lo propuesto para que quienes ejerzan la acción legal puedan acusar a personas que sin mala intención puedan examinar algún hecho particular discutible. Por lo demás, ya se ha observado la forma amplia en que ciertos políticos, como los autores de la propuesta, interpretan esta clase de disposiciones. Ha habido, por ejemplo, análisis de los hechos que ocurrieron con anterioridad al golpe de Estado, que, por no coincidir con las concepciones de esos sectores, han sido rápidamente calificados de negacionismo, aunque no se haya hecho la menor referencia a lo ocurrido en el período militar.

Este tipo de iniciativas parece revelar una suerte de obsesión con el pasado. Es una actitud muy poco orientadora para la actividad política, pues siempre ha sido tarea de los historiadores dilucidar la forma en que se produjeron los hechos. La política, en cambio, se ocupa fundamentalmente del presente, buscando siempre las mejores soluciones futuras, y los dirigentes y partidos compiten ante la ciudadanía ofreciendo sus distintas fórmulas. Cuando se trastocan los papeles y ellos quieren revivir el pasado para ordenar a su manera la forma en que este se analiza, se puede dudar de sus intenciones: más que evitar la repetición de hechos dolorosos, suele buscarse recrear climas de enfrentamiento e imponer visiones con la esperanza de obtener rédito político en el presente y apoyos futuros.

Las encuestas muestran un creciente debilitamiento en la adhesión a la democracia, que no es un fenómeno únicamente nacional. En efecto, el respaldo a los valores democráticos ha sufrido un retroceso preocupante desde 2010, pero los intentos por impedir la libre expresión de las ideas no son un remedio, sino uno de los más claros síntomas del problema. Como suele afirmarse en Chile, la democracia solo puede ser defendida con más democracia y profundizando en sus valores. Nunca forzando al silencio a quienes tengan opiniones disidentes, por molestas que resulten.