La respuesta oficial ante esta violencia desbordada ha sido tan preocupante como la situación misma. Según el cinismo del secretario de Gobierno departamental, prodigio de la administración pública, Misael Velásquez Granadillo, los hechos “no se deben al incremento de violencia social generalizada”, porque “en una alta proporción las víctimas registran antecedentes judiciales”. Y que “Estamos ante un reacomodo criminal típico cuando el Estado intensifica acciones de control a estructuras y cabecillas que afecta la renta ilegal”. ¡Por favor!

¿De verdad creen que eso justifica algo? ¿Acaso la vida de una persona con antecedentes vale menos que la de cualquier otro ciudadano? Decir que los muertos “tenían antecedentes” no disminuye el horror ni el temor de la gente; es una explicación absurda que roza la indolencia.

La Constitución Política no hace distinciones cuando ordena proteger la vida, honra y bienes........

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