Bolivia atraviesa una escalada de violencia criminal que ha dejado de ser una sucesión de hechos aislados para convertirse en una amenaza directa contra la seguridad pública, la institucionalidad democrática y la convivencia ciudadana. Lo ocurrido últimamente en San Ignacio de Velasco, donde dos personas fueron ejecutadas dentro de un galpón en un barrio de la capital velasquina, no constituye un episodio excepcional. Es un nuevo eslabón de una cadena de asesinatos con características propias de ajustes de cuentas y sicariato que se extiende con inquietante frecuencia, especialmente en Santa Cruz.

Las cifras hablan por sí solas y deberían encender todas las alarmas. En apenas siete meses, once de las dieciocho muertes violentas registradas en el país bajo patrones compatibles con ejecuciones criminales ocurrieron en territorio cruceño. No se trata únicamente de un incremento estadístico. Se trata de la consolidación de un fenómeno que evidencia la capacidad operativa de organizaciones........

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