Por: Felipe Rodríguez Espinel

Hay momentos en la historia de un país en los que el poder no roba con pistola, sino con decreto.

El Gobierno, a través de los ministerios de Trabajo y Hacienda, prepara una norma que ordenaría a los fondos privados de pensiones transferir a Colpensiones, en un plazo de apenas 15 días hábiles, más de 25 billones de pesos. Esos recursos pertenecen a cerca de 119.000 colombianos que decidieron cambiar de régimen pensional amparados en la ventana de traslado que abrió la Ley 2381 de 2024. Son sus ahorros. Su vejez. Su vida acumulada en cotizaciones.

La maniobra tiene una apariencia técnica que puede despistar al ciudadano de a pie. Pero despójela del lenguaje burocrático y lo que queda es esto, el Gobierno quiere meter mano a un dinero que no le pertenece, antes del momento que la propia ley permite, y destinarlo a cubrir gastos que el Estado ya debería estar financiando con sus propios recursos.

No es una interpretación opositora. Es la conclusión a la que llegó el Banco de la República, la institución financiera más técnica y autónoma del país, cuando advirtió en carta formal al ministro del Trabajo que el traslado anticipado de esos recursos no se encuentra autorizado por la ley y excedería las facultades reglamentarias del Gobierno. Dicho en cristiano: lo que propone el Ejecutivo es ilegal.

Vale la pena entender qué significa eso en la práctica. La misma Ley 2381 que el Gobierno invoca como sustento establece que, aunque un afiliado cambie de régimen, su ahorro debe permanecer administrado por el fondo privado hasta el momento en que se consolide efectivamente la pensión. El decreto que se quiere expedir viola esa regla de juego con la coartada de la sostenibilidad financiera. Sin embargo, lo que llaman sostenibilidad es, en realidad, el remiendo de un hueco fiscal con el dinero de quienes menos pueden perder.

El impacto sobre los afiliados no es abstracto. Si esos recursos se transfieren antes de tiempo y se incorporan al fondo común de Colpensiones, dejan de ser ahorro individual para convertirse en deuda pública. Dejan de crecer con rendimientos del mercado para financiar pensiones presentes. Los propietarios originales de ese dinero quedan a merced de las finanzas del Estado, un Estado que ya hoy enfrenta un déficit fiscal que supera los 8 billones de pesos y que tiene a Colpensiones pagando mesadas sin haber recibido un solo peso de los afiliados trasladados.

Y hay algo más que inquieta. En un contexto preelectoral, disponer de 25 billones de pesos en liquidez inmediata le daría al Gobierno una capacidad de gasto que va mucho más allá de pagar pensiones. Esa sospecha, legítima a la luz del comportamiento del Ejecutivo en los últimos años, no puede descartarse como paranoia política.

Cuando las instituciones advierten y el poder ignora, la pregunta que queda no es técnica. Es política. ¿Quién protege los ahorros de los colombianos cuando quienes deben hacerlo son precisamente los que amenazan con quitárselos?

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