En la gramática del poder global, la palabra "disonancia" suele describir aquello que rompe la armonía de la lógica o la decencia. Sin embargo, en el contexto de las recientes e injerencistas declaraciones del secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, el término adquiere una dimensión más profunda: representa el choque frontal entre un anacronismo colonialista y la realidad jurídica de una nación que ha conquistado su independencia definitiva.

El canciller Yván Gil ha sido tajante al calificar de "disonante" la pretensión de Ramdin de tutelar los procesos de designación de cargos públicos en Venezuela. Y no es para menos. Este episodio no es un simple cruce de opiniones, sino un intento de resucitar una institucionalidad caduca que Venezuela, en un ejercicio soberano de su voluntad popular, abandonó formalmente hace años.

El señor Ramdin, emulando el nefasto legado de Luis Almagro, ofrece el apoyo de la OEA para atender supuestos "desafíos institucionales" y vincula la soberanía interna con una narrativa de "reconciliación" dictada desde Washington. Debemos ser claros:

Inexistencia de Jurisdicción: Venezuela completó su retiro de la OEA. Jurídicamente, para el Estado venezolano, la OEA es una entidad extranjera sin capacidad de interlocución, supervisión o monitoreo. Pretender opinar sobre el orden constitucional interno es tan absurdo como si la Unión Africana pretendiera legislar sobre los procesos electorales en Bélgica.

El Principio de No Injerencia: El Artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas es explícito. Ninguna organización está facultada para intervenir en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. La OEA, históricamente el "Ministerio de Colonias" de los Estados Unidos, insiste en ignorar este pilar para servir de punta de lanza a la doctrina Monroe.

Resulta alarmante, aunque no sorprendente, que la actual dirigencia de la OEA pretenda invocar los métodos de Almagro. Bajo esa gestión, el organismo se convirtió en un centro de operaciones para promover golpes de Estado, sanciones ilegales y la desestabilización económica.

Cuando Ramdin habla de "desafíos", en realidad habla de incapacidad de control. Le incomoda a la hegemonía regional que Venezuela, a través de su Poder Ciudadano y su Asamblea Nacional, ejerza sus facultades constitucionales sin pedir permiso a los despachos del Potomac.

La verdadera "disonancia" radica en que un funcionario administrativo de un organismo regional pretenda estar por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La respuesta del Estado venezolano no es solo un acto de diplomacia defensiva; es una lección de Derecho Internacional. Venezuela ha decidido transitar el camino de la autodeterminación, fortaleciendo sus alianzas en un mundo multipolar donde el respeto a la soberanía nacional es la moneda de cambio, y no la sumisión a intereses transnacionales.

El intento de la OEA por "ofrecer apoyo" es, en realidad, un intento por recuperar una relevancia perdida. Venezuela ya no pertenece a ese club de desiguales. Las designaciones de sus autoridades son competencia exclusiva de sus instituciones, nacidas del voto y del consenso nacional, no de las directrices de un burócrata en Washington.

La postura de Yván Gil es la voz de un país que conoce su historia. La OEA es hoy un eco vacío en un continente que despierta. Calificar de "disonante" el discurso de Ramdin es recordarle al mundo que la época en que las repúblicas latinoamericanas eran tuteladas ha muerto. Venezuela continúa su curso, blindada por su orden constitucional y la voluntad inalienable de un pueblo que decidió, hace mucho tiempo, ser el único arquitecto de su destino.

La soberanía no es negociable; la disonancia de la OEA es solo el ruido de un imperio que se niega a aceptar su irrelevancia en tierras libres.

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